Días atrás, un diputado señaló que los superpoderes —las facultades vitalicias para que el jefe de Gabinete reasigne partidas presupuestarias— “convierten al Congreso en una escribanía”. Es una afirmación que pondera en demasía al Congreso, porque el presupuesto que aprueba el Congreso ni siquiera es real: sólo los fondos fiduciarios, que representan unos 8.000 millones de pesos, “se ejecutan fuera del presupuesto aprobado por el Congreso” (La Nación, 21/5). Los ‘superpoderes’ consagran un régimen de piedra libre sobre la caja del Estado.

 

Lavagna, Carrió y Macri

 

La oposición parlamentaria ataca los superpoderes con el argumento de que “la crisis pasó”. ¿Y si no fuera así? Los grandes pulpos están insatisfechos con las tarifas que cobran, lo que para ellos representa una crisis ‘enorme’ aunque estén haciendo ganancias siderales; por eso necesitan que el gobierno los subsidie utilizando los ‘superpoderes’. Los opositores justifican los ‘manotazos’ que dieron en el pasado, por eso no movilizan a nadie contra el nuevo ‘manotazo’ de este gobierno. Los que viabilizaron la pesificación de las deudas de la gran burguesía, la confiscación de los ahorros, el congelamiento de salarios y jubilaciones y, más recientemente, la apropiación del superávit fiscal para reanudar el pago de la deuda externa, ejercieron recontra-super-poderes, o sea el poder crudo del Estado para confiscar a todas las clases populares en nombre de la ‘necesidad y urgencia’ del capital.

 

Precisamente, la cuestión planteada con los ‘superpoderes’ tiene que ver con el destino de esa confiscación. Acaba de revelarse que, en la primera mitad del año, “se recaudaron 4.500 millones de pesos más de lo previsto en el Presupuesto 2006” (El Cronista, 4/7), pero todo el mundo sabe que esa ‘previsión’ fue una gran mentira del gobierno y de los parlamentarios, para quedar luego con las manos libres para usar el dinero ‘no previsto’ como les viniera en gana. El exceso para todo el año será de 9.000 millones de pesos —nada menos que el 10% del presupuesto total—. Este despojo fue votado, como todos los otros referidos a salarios y jubilaciones, por el Congreso nacional, tanto por los de los ‘superpoderes’ como por los “opositores”.

 

Un régimen de emergencia

 

Semejantes resultados fiscales no sirven, sin embargo, para salir del “régimen de emergencia” del kirchnerismo.

 

El gobierno necesita de las facultades vitalicias para enfrentar las contradicciones de la reactivación capitalista. El viaje a España sirvió para demostrar que los pulpos privatizadores no pondrán un peso en sus concesiones sin tarifazos previos. Incluso con ellos, exigen que las inversiones no realizadas en los últimos años sean solventadas por la caja del Estado. Con un posible colapso energético en puerta, el gobierno pretende convencer a las AFJP de financiar inversiones en gasoductos y centrales eléctricas, pero para eso exigen antes aumentos de tarifas. En el caso de Aerolíneas, el gerente renunciante, Mata, confirmó que el gobierno deberá poner plata fresca para rescatar al pulpo, no solamente firmar sus balances fraudulentos (¡que ocultan su vaciamiento!) de los últimos tres años. En el reciente acuerdo de Kirchner con Evo Morales sobre el precio del gas, el aumento pactado será absorbido por Enarsa, que “venderá” el fluido al precio anterior a las distribuidoras de gas locales. Incluso en la emisión de un bono de deuda conjunto con el gobierno de Chávez, la garantía para los inversores será el mantenimiento del superávit fiscal destinado a la deuda pública.

 

Para continuar con estas transferencias y subsidios cuantiosos, Kirchner necesita la suma del poder público. Pone de manifiesto de este modo las contradicciones de la reactivación capitalista, que consisten en abultadas ganancias empresariales, por un lado, y ninguna inversión de esas utilidades, por el otro.

 

La agenda de ellos

 

La sanción de los ‘superpoderes’ ha planteado un principio de crisis política entre el gobierno nacional y las provincias. El radicalismo está sugiriendo una “versión atenuada” (o mejor dicho maquillada) de los ‘superpoderes’, que sirva de pretexto para una votación “consensuada”. A cambio de algunas partidas para provincias o municipios, la “oposición democrática” está dispuesta a dejar pasar el avasallamiento al Congreso.

 

A los Kirchner, por un lado, y a los Lavagna, Carrió, Macri o Binner, por el otro, no los divide la confiscación al pueblo. Tampoco la violación de la división de poderes. Sólo quieren dirimir a qué fracción de los explotadores debe destinarse el botín de esa confiscación.

 

A la agenda patronal de Kirchner y su “oposición”, le oponemos una agenda obrera y socialista: 900 pesos de jubilación mínima y 82% móvil. Salario mínimo de 2.000 pesos. Abajo los tarifazos abiertos o encubiertos: nacionalización sin pago del petróleo y el gas, reorganización de la economía y del país sobre nuevas bases sociales.

 

Con este programa nos movilizaremos contra los ‘superpoderes’.