Más de una centena de familias mantiene desde el martes pasado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Misiones y todavía no tuvieron respuesta.

Según denuncian, el lunes debían recibir la asistencia alimentaria (un bolsón con 12 productos) y el gobierno solo envió la asistencia para los grupos cooptados y dinero en efectivo para los dirigentes de esos grupos.

En octubre pasado ya habían acampado en el mismo lugar. Levantaron la medida a partir de una serie de compromisos asumidos por el gobierno: una tarjeta social (para comprar mercadería en algunos supermercados) de $160, merenderos en los barrios y bolsones mensuales de mercadería. El gobierno de Hugo Passalacqua incumplió la totalidad del acuerdo y fue a fondo con el ajuste, recortando incluso la tarjeta de $260 mensuales del plan Hambre Cero (plan en el que están incluidas las familias con chicos desnutridos). Antes este reclamo, la ministra de Derechos Humanos quiso responsabilizar a los propios tareferos por no cumplir con los requisitos burocráticos que exige el plan, lo cual fue desmentido por los tareferos quienes exhibieron toda la documentación.

La única respuesta concreta del gobierno de la Renovación fue el apriete y cooptación de algunos dirigentes de los tareferos, tratando de quebrar la lucha. En este caso, le salió mal, como lo demuestra el acampe donde se suman nuevos reclamos como el bono de fin de año y la inclusión de los trabajadores en negro al subsidio interzafra. 

Otro grupo que quedo afuera también está cortando la ruta en Oberá con los mismos reclamos, lo que marca que hay disposición por parte de los trabajadores para enfrentar el ajuste de Macri-Passalaqcua.

Interzafra

La situación de los tareferos es insostenible. Una vez que terminó la zafra en septiembre, la mayoría queda librada a su suerte. Una parte de los que están "en blanco" reciben un subsidio interzafra de $2800 mensuales por tres meses, pero los requisitos para acceder al mismo deja afuera a una gran parte de los trabajadores registrados, y a la totalidad de los que trabajan en negro. Ante reclamos puntuales por falta de pago, desde el Ministerio de Trabajo les dijeron que sus patrones fueron los que cometieron irregularidades por lo que tramitarían la denuncia para multarlos, pero que por los trabajadores no podían hacer nada.

Es necesaria la solidaridad del conjunto de los trabajadores a esta lucha. Así como también debatir un plan de salida política que garantice las condiciones de vida de la población: un salario igual a la canasta familiar por los doce meses del año, reparto de las horas de trabajo por igual salario, ocupación de cualquier empresa que cierre.