Políticas

11/5/2022

Tarifazo en la luz, otro golpe al bolsillo popular

Sobre la segunda audiencia pública donde se discutió el aumento en la electricidad.

Se analizaron los nuevos tarifazos en la luz.

Luego de la primera audiencia pública donde se analizó el tarifazo del gas, en la segunda jornada se pergeñó el nuevo Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) que impacta en la boleta de luz. La propuesta del gobierno es que la mayoría de los usuarios reciban un incremento del 42,72% en la electricidad durante todo el 2022 (16,5% en junio) y que a los beneficiarios de la tarifa social se les aumente 21,27% el servicio (6,8% en junio). Por otra parte, la segmentación que se discutirá en la tercera y última audiencia definirá quiénes pasarán a pagar la “tarifa plena” con subas de hasta el 400%.

“De esta forma, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 en junio” (Télam, 11/5).

Como hemos señalado, la incorporación de una fórmula de actualización tarifaria para la mayoría de los consumidores -en este caso equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial- da la pauta de que los aumentos en los servicios serán continuos, fijando un rumbo de golpes permanentes al bolsillo popular. Sumado al hecho de que la segmentación podrá variar en el tiempo incorporando a nuevos grupos poblacionales al pago de la boleta sin subsidio.

El objetivo del gobierno es alcanzar la reducción de subsidios energéticos que demanda el FMI para cumplir con sus metas fiscales. En función de preservar las ganancias de las petroleras y las empresas distribuidoras, el oficialismo busca compensar esas menores trasferencias estatales perjudicando a los usuarios, quienes deberán pagar tarifas más caras. Sin embargo, la disminución de subsidios no será tal, incluso estos pueden ascender a USD 15 mil millones hasta fin de año, debido a la disparada mundial del precio del gas que importamos y al ritmo devaluatorio que recalienta el pecio dolarizado del gas en boca de pozo fijado en el Plan Gas.

En el caso de la electricidad, lo anterior eleva los costos que debe afrontar la mayorista de energía Cammesa puesto que el gas es el insumo base de la generación eléctrica; con lo que el Estado debe erogar más subsidios para que esa diferencia no se traslade de forma abrupta a las tarifas. Solo en abril 2022, Cammesa recibió $265.323 millones en concepto de subsidios estatales, un 273% más que en el mismo mes del año anterior, según el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”. A su turno, también se cubre con fondos públicos las deudas que las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur, tienen con Cammesa por los despachos de electricidad que no pagan, la cual supera los $330.000 millones.

Estamos frente a un esquema energético absolutamente parasitario, donde el gobierno actúa en todo momento como garante de los intereses capitalistas. En primer lugar, estableciendo un precio dolarizado para el gas en boca de pozo que no guarda relación con los costos de producción. Por otro lado, permitiendo que las petroleras que explotan los yacimientos locales no inviertan adecuadamente, dando lugar al déficit energético actual que obliga al país a importar mayores volúmenes de gas más caro. A su vez, destinando recursos millonarios para subsidiar a las empresas distribuidoras, sin que esto tenga correlato alguno en el nivel de inversión ya que se trata de un servicio sumamente deteriorado. Y, ahora, a libro cerrado, Alberto Fernández se dispone a ejecutar tarifazos sobre los trabajadores, deteriorando aún más nuestros ingresos.

Conscientes de los efectos que tienen este tipo de medidas sobre el humor popular, el kirchnerismo viene planteando, a través del subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo y la interventora del ENRE, Soledad Manin, que los aumentos de tarifas se ejecuten de forma más gradual. Es decir, no rechazan esta política confiscatoria dictada por el FMI ni llaman a enfrentarla, sino que únicamente cuestionan el ritmo de aplicación. Lo cual no impide que la crisis política al interior de la coalición oficial se siga agudizando; sin ir más lejos, Alberto Fernández dejó trascender declaraciones donde afirma que si algún funcionario a cargo de firmar el nuevo cuadro tarifario se niega a hacerlo “no va a poder seguir en el gobierno”.

Por otra parte, “de los nuevos cuadros tarifarios publicados por el ENRE se desprende que las industrias que reciben energía de las distribuidoras Edenor y Edesur y contratan un servicio en baja tensión (BT) deberán afrontar un alza del 58% a partir del 1 de mayo. Los de media tensión, un 67%, y los de alta, un 73 por ciento” (Ecojournal, 11/5). Lo anterior, sin dudas, presionará sobre los precios del conjunto de la economía y agravará las tendencias recesivas.

Combatamos los tarifazos sometiendo al control obrero los libros de toda la cadena energética, en pos de evaluar los costos reales, desbaratar los negociados alrededor de ella y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales, como punto de partida para nacionalizar toda la industria energética, ponerla bajo gestión de los trabajadores y dirigirla al desarrollo nacional, priorizando los intereses populares. Al mismo tiempo, es necesaria una urgente recomposición salarial, con un mínimo de $180 mil y paritarias que fijen aumentos indexados a la inflación. Enfrentemos en las calles el ajuste del gobierno y el FMI.