Ante el fallo de la Corte y la audiencia pública por los tarifazos, el gobierno ha dejado trascender una supuesta echada de lastre:  ahora, los nuevos aumentos máximos en el gas tendrían como tope “sólo” un 300%, en lugar del 400% anunciados por Peña y Aranguren hace algunas semanas atrás. 

Los trascendidos apuntan a mostrar que el gobierno estaría moderando los aumentos, y aceptando el “gradualismo” que recomienda el fallo del máximo tribunal.  Pero a poco de andar, se advierte cuál es la verdadera intención oficial.  Según “La Nación” (27.8)  “el plan dispone que el precio mayorista del gas se fije según el costo de la importación más cara (o sea)  a US$ 7 el millón de BTU, es decir, 55% más que los US$ 4,5 que habían fijado los aumentos que detuvo la Corte”. (Y, agregamos nosotros, más de un 300% por arriba del valor del fluido en el mercado yanqui).  Este es el precio del gas en boca de pozo que sería presentado a la audiencia, y que  representaría a su turno el valor “desregulado”, o sea, el que responde a “razones de mercado”.  Como la Corte había ordenado que ese valor fuera sometido a audiencia precisamente por encontrarse “regulado”,  esta disposición permitiría eximir de ahora en más a las petroleras de cualquier deliberación pública por los precios que reciben por el gas.

Al pagar el gas por el “costo de oportunidad” de importarlo,  el gobierno está habilitando a una suba extraordinaria para los concesionarios privados, que podrán exigir ese mismo valor para el gas que extraen. De este modo, el precio del fluido se alejaría definitivamente de sus costos de producción, para pasar a pagarse de acuerdo a una escasez (insuficiencia de producción local) que fue generada por los mismos pulpos, luego de una larga huelga de inversiones.  Se trata de la completa entrega de la renta petrolera a los monopolios petroleros.

En medio de la conmoción  provocada por el freno al tarifazo, el gobierno se las ha arreglado para poner a salvo a los intereses de Bulgheroni, Chevron y los accionistas privados de YPF.

Ahora bien, ¿cómo juega el “gradualismo” en esta historia?  Como este tarifazo en boca de pozo no será transferido de una vez a los consumidores, seguramente llevará a un aumento en el monto de los subsidios previstos a los pulpos.   El gobierno pagará este regalo a los privatizadores con mayor endeudamiento y mayor emisión,  todo lo cual se trasladará su término  al bolsillo de trabajadores y consumidores. 

Aunque el zarpazo no se completará en setiembre,  el gobierno tiene prevista una “revisión tarifaria integral” para un mes después.  Allí, una vez pasado el invierno –y los sobresaltos de la Corte- le asegurarán mayores aumentos a las transportadoras y distribuidoras de gas.

Para refrendar este saqueo,  Macri está urdiendo un “gran acuerdo nacional” con la oposición parlamentaria y la burocracia sindical.

Las maniobras oficiales para salvar el tarifazo exigen, más que nunca, que le opongamos una intensa denuncia y una lucha a escala nacional en pos de su anulación, y por la apertura integral de las cuentas y costos de toda la cadena energética.  Con estos planteos,  vamos a la audiencia pública del próximo 16.