En la Cámara de Diputados se abrió una polémica en torno del proyecto de modificación de la Ley de Tarjetas de crédito y débito, orientado a reducir las comisiones que los comerciantes deben pagar a bancos y empresas que controlan el mercado de tarjetas: del 3 al 1,5% en el caso de las de crédito y de 1,5 a 0% en las de débito.

 

Se trata de una pelea entre dos sectores del capital: el comercial versus el bancario. Es una cuestión de redistribución de los beneficios extraordinarios del sector financiero.

 

Por un lado, se encuentran los bancos y -principalmente- la empresa Prisma, que es propiedad de un consorcio de los principales catorce bancos privados y tres estatales de la Argentina. Del otro lado, está el capital comercial: los shopping, los supermercados, los mayoristas y también los pequeños comerciantes.

 

La disminución de las ventas, producto de la recesión económica en curso, hace que la pelea entre grupos capitalistas para poder sumar las ganancias existentes sea cada vez más dura.

 

En este caso hay una ofensiva del gran capital comercial que, como siempre, usa de mascarón de proa al pequeño comerciante.

 

Aunque baje el arancel que debe pagar el capital comercial, eso no beneficiaría al usuario comprador porque los comerciantes aumentarían sus márgenes de ganancia y no trasladarían ese eventual beneficio a los consumidores.

La usura sobre los trabajadores-consumidores seguirá vivita y coleando.

 

Los intereses usurarios que se cobran al consumidor por cualquier dificultad de pago en las tarjetas (pagos mínimos, por ejemplo), por seguros en el pago en cuotas o por financiación en el pago a plazos, entre otros, hunden crecientemente a la familia trabajadora.

 

Esto, que constituye un verdadero mecanismo extra de carestía para el trabajador, ni se contempla. Hoy, el consumo obrero y popular, ante el deterioro del salario, se basa crecientemente en el crédito -es decir, en el hipotecamiento futuro del salario. Las dos fracciones se pelean por la tajada de sus intereses, pero no mejoran la situación del comprador trabajador.

 

Es más, en las reformas propuestas (ahora el oficialismo ha presentado otro proyecto que estaría siendo consensuado entre los bancos y las cámaras de comercio) se plantea que “habrá más posibilidad de sumar al precio lo que se paga por comisiones, para diferenciar precio de contado y con tarjeta”, declaró Daniel Lipovetzky (El Cronista, 14/11), el diputado del PRO que preside la comisión que discute esta ley.

 

Pero esto no quiere decir que en la actualidad el trabajador-usuario que compra con tarjeta no lo esté pagando. El titular de la CNDC (Comisión de Defensa de la Competencia), Esteban Greco, señaló que “las cuotas sin interés tienen costos financieros encubiertos en el valor del producto, lo que perjudica a quien no tiene tarjeta, al aumentar el precio contado”.

 

Las cámaras de comercio que buscan el apoyo popular en su pugna con los bancos ocultan esta realidad. Y no se plantean tampoco la derogación de los impuestos al consumo (en primer lugar el IVA) lo que daría un impulso al consumo popular y soldaría, efectivamente, un frente de lucha común entre los trabajadores con el pequeño comerciante interesado en tal medida.

 

La clase obrera no debe apoyar a ninguna de las dos fracciones burguesas en pugna que, incluso, es seguro que cierren diferencias volcando los costos de cualquier acuerdo entre ellas sobre el trabajador.

 

¿Cuál es el costo del crédito al consumo? Es necesario abrir los libros de los bancos y de las empresas financieras de crédito, a comisiones de trabajadores para conocer el verdadero costo patronal y como esquilman al pueblo.

 

Hay que terminar con la usura bancaria y la persecución financiera (derogación del Veraz) sobre el trabajador.

 

Propugnamos la nacionalización de la banca para centralizar el crédito en el impulso al desarrollo nacional y la satisfacción de las necesidades de consumo de nuestro pueblo sin usura, con tasas promocionales.

 

Esto abarcará el uso de la bancarización (tarjetas de crédito y débito) sin intermediación parasitaria y sin el cobro de tasas usurarias sobre el consumidor y el pequeño comerciante.