En el choque entre el FPV y el PRO en torno a quién paga el costo por el uso de tarjetas de crédito y débito, el capital comercial o el capital bancario, “es seguro que cierran diferencias volcando los costos de cualquier acuerdo entre ellas sobre el trabajador”, decíamos hace una semana en Prensa Obrera.

 

¡Tal cual! El proyecto defendido por el FpV planteaba disminuir el costo del uso de tarjetas de crédito del 3 al 1,5% mientras que las de débito bajaban del 1,5% al 0%. Esto fue bloqueado por el PRO que terminó presentando otro proyecto donde se mantiene la reducción al 1,5% del descuento por uso de tarjetas de crédito, pero las de débito quedan en el 0,5 por ciento. 

 

Pero el proyecto impulsado por el PRO, que consiguió el dictamen para su tratamiento por la Cámara de Diputados, autoriza a “la autoridad de aplicación” la “facultad de regular la Comisión” al 2% para el uso de las tarjetas de crédito y al 1% para las de débito.

 

Es un acuerdo entre los bancos, las intermediarias que regentean el mercado de tarjetas (Prisma-Visa, dirigida por un consorcio de los grandes bancos instalados en el país, tiene el 70% y First Data-Master Card el 30% restante) y la CAME (Cámara de la Mediana Empresa).

 

La CAME batió el parche de que reclamaba por los pequeños comerciantes, pero la misma edición de Clarín señala que la preocupación era porque “perjudica a los comercios más grandes”.

 

Pero, más allá de la pelea por quién se queda con esos puntos de comisión, en los cambios que se llevarán a cabo respecto de las tarjetas, el pato de la boda seguirá siendo el usuario-trabajador. 

 

Desde hace años las famosas promociones de “cuotas sin interés” que propagandizan bancos y tarjetas fueron lanzadas “a costa de aumentar considerablemente los precios finales de los productos que se buscaban financiar” (Clarín, 20/11). Es decir que lo pagaban todos los consumidores: los que usaban y los que no usaban tarjetas.

 

El ‘progreso’, ahora, consistiría en que se desdoblarían los valores: “se volverá a un esquema lógico de un precio al contado y otro, en cuotas, mayor por los intereses” (ídem). La reforma del artículo 37 de la ley de tarjetas plantea directamente que “las tasas de intercambio” podrán “ser adicionadas al precio de contado en los casos y forma que reglamente la autoridad de aplicación”.

 

Pero, cuando se “blanqueen” las diferencias entre los precios de contado y los financiados, los primeros no van a tener una reducción equivalente a la tasa cobrada por el préstamo, que hoy está incluida en esos valores de venta. Lo más probable es que los comerciantes sumen total o parcialmente el porcentual de los intereses a los actuales precios de contado. Es decir que, en el caso de los productos comprados a crédito, se produciría un incremento generalizado de precios.

 

El trabajador no tendrá ninguna mejora en sus bolsillos (por el contrario, aumentará el costo): seguirán los intereses usurarios y la persecución financiera (Veraz). Y el pequeño comerciante seguirá perjudicado por la disminución del consumo popular.

 

Es necesario verificar cuál es el costo del crédito al consumo: que se abran los libros de los bancos y de las empresas de crédito a comisiones de trabajadores y consumidores para conocer el verdadero costo patronal y como asaltan el bolsillo obrero y popular.

 

Propugnamos la nacionalización de la banca para centralizar el crédito en el impulso al desarrollo nacional al servicio de la satisfacción de las necesidades de consumo de nuestro pueblo, sin usura, con tasas promocionales.

 

Una alianza entre el trabajador-consumidor y el pequeño comerciante pasa por un programa común de eliminación de los impuestos al consumo (IVA del 21%, etc.), reemplazándolos por la restitución de los aportes patronales al sistema provisional y el aumento de salarios y jubilaciones, lo que impulsará un incremento del consumo popular.