La ciudad de los cacerolazos volvió a hacerse presente, esta vez, para repudiar los masivos cortes de luz que dejaron a Boedo, Almagro y Caballito sin energía durante un día y medio. Cuando el gobierno y Edesur celebraban “la normalización del servicio”, la oscuridad llegó al barrio de Floresta, por una falla en otra subestación.

 

No es un secreto que estos siniestros se deben a la completa falta de mantenimiento del sistema de distribución de energía. Lo que en cambio no se dice, es que la “huelga de inversiones” de los privatizadores ha sido formalmente pactada con el gobierno. En efecto: en la “Carta de Entendimiento” suscripta entre Edesur y la Unidad de Renegociación de tarifas del Ministerio de Economía (Uniren) —marzo de 2005—, se señala que “las particulares condiciones hacen que no sea posible erogar los montos previstos”, por lo que se han “adoptado valores de referencia mínimos de inversión (…) que permitan hacer frente a los requerimientos más urgentes”. Como consecuencia de ello, Edesur ha invertido 236 millones de pesos en vez de los 377 que debía erogar en 2005 (una “quita” del 33%), y, en 2006, 239 millones en vez de los 322 que estaban previstos en el plan original de inversiones; o sea, una reducción del 25%.

 

Como se puede ver, Edesur —y las otras distribuidoras— han salido indemnes de las consecuencias económicas del congelamiento de tarifas residenciales. “A menor tarifa, menor servicio”, es el lema de los privatizadores. Pero también es mentira lo del “congelamiento” de tarifas, porque en 2005 el gobierno dispuso “cargos específicos” sobre las tarifas de gas y luz, para formar un “fondo” para nuevas inversiones energéticas. Con “el fondo” han ocurrido dos cosas: la mayor parte se la “fumó” el gobierno comprando nuevos títulos públicos. La porción que se ha invertido es para la distribución eléctrica destinada a los grandes monopolios industriales, a quienes se les ha “corregido” parcialmente la tarifa. Mientras tanto, el consumidor residencial tendrá que seguir bancándose los apagones masivos.

 

Edesur y Miceli-Kirchner justifican la “huelga de inversiones” en las “particulares condiciones” de una “emergencia económica” que ocurrió hace ya cinco años. Pero en el “peor momento” (2002), Edesur tuvo utilidades del ¡30%! sobre su facturación, y del 13% sobre el capital invertido. En la carta de intención firmada en 2005, Edesur anuncia que sólo invertirá los montos que puedan “ser financiados por el propio negocio”, es decir que no adelantará un mango de capital propio o prestado para nuevas inversiones. En resumen: el pueblo de la ciudad de Buenos Aires está pagando, con la falta de luz, el salvataje de los privatizadores.

 

En plena campaña electoral porteña, ni Macri, ni Telerman, ni mucho menos Filmus, han dicho una palabra sobre el corte que golpeó a una buena parte de “su” electorado. No puede ser de otra manera: los tres apoyan al régimen de confiscación social que, de 2002 hasta hoy, rescató a los Edesur a costa del pueblo.

 

Reclamamos la intervención de Edesur, la inmediata revisión de su contrato en manos de una comisión electa de trabajadores y usuarios. Que responda con su patrimonio, para un plan de inversiones compulsivo, que resuelva en un plazo máximo de seis meses las gruesas fallas actuales de mantenimiento.