La recaudación provincial está en manos de una empresa privada, Tecsa, de capitales yanquis, asociada con cordobeses (se señala a la mujer de De la Sota y a Carbonetti – su mano derecha-). Tecsa es la dueña de la política tributaria: puede fijar fechas de vencimiento y modalidades de pago, tiene poder de policía sobre los empleados públicos que trabajan en el área de rentas, etc.

Por el “servicio” de hacerse cargo de la recaudación (no hay aporte de capital), Tecsa se lleva entre ¡el 27 y el 40%! de los ingresos recaudados, una ganancia de 15 a 20 millones mensuales como mínimo. Tecsa, por ejemplo, gestiona créditos, y por los obtenidos del Credit Suisse y del Banco Galicia (160 y 80 millones de dólares) cobró honorarios de 25 millones de igual moneda. Las cifras dan escalofríos en una provincia donde el 70% de las familias tiene ingresos inferiores a los 500 pesos y el 40% no llega a los 250.

La función de Tecsa era aumentar la recaudación tributaria; sin embargo, en el ‘98 había 1.080.000 contribuyentes, en el ‘99 1.180.000, y ahora no llegan a 900.000. Además, acaban de intimar a más de 500.000 contribuyentes por morosidad excesiva y 80.000 ya fueron llevados a juicio.

El PO ha utilizado la campaña electoral para plantear la anulación inmediata del contrato con Tecsa, la defensa de la vivienda única de la familia de trabajadores para evitar su remate por deudas con el Estado, y la anulación de la llamada Ley Bodega (reforma del Estado) que dio lugar a estas tercerizaciones.