La puesta en marcha de la televisión digital se ha convertido, en el marco del freno judicial a la aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, en el nuevo eje de la política comunicacional del gobierno. En las últimas semanas, los funcionarios y escribas kirchneristas han llenado páginas enteras de los nuevos y cada vez más numerosos medios oficialistas, proclamando los beneficios de esa ley.

El anuncio de fuertes inversiones en el área es una muestra, no menor, de que el tema en cuestión no representa una cuestión ideológica, sino la apertura de un gran negocio que concluirá con el trazado de un nuevo mapa en el mercado televisivo.

El punto de partida fue la elección de la norma japonesa en su adaptación brasileña (Isdb-T), que permitirá que a través de un mismo espacio radioeléctrico se transmitan varios canales de gran calidad de imagen y no sólo uno como en el actual sistema analógico. Con la digitalización y la segmentación de las señales correspondientes a las frecuencias de aire, el público podrá tener acceso a entre 20 y 50 canales abiertos, digitales, de buena calidad y gratuitos, lo que será un gran golpe al sistema de cable actual que debería competir ahora con un sistema gratuito.

Sin embargo, la multiplicación de voces no soluciona por sí misma ninguno de los problemas presentes en la actualidad. Es necesario en este punto no confundir la posibilidad de poder expresarse con la contingencia de que las diversas opiniones y discursos puedan realmente tener acceso a ser reconocidas. Por el contrario, en el marco de una fragmentación cada vez mayor de los discursos y las señales, la influencia política y social de los medios estatales y privados que posean los recursos necesarios para imponerse sobre el resto puede incrementarse a niveles aún superiores a los actuales.

La idea de que los avances tecnológicos pueden ofrecerle una solución a los problemas sociales y políticos no es novedosa. Ya en el encuentro de la Unesco en Belgrado, en 1977, se definía la participación no sólo como la intervención de la población en la producción de los mensajes, sino también, y fundamentalmente, en su capacidad de intervenir en la toma de decisiones y la definición de los planes y políticas de comunicación masiva. Ambas cuestiones completamente ausentes en la nueva iniciativa gubernamental.

Hace ya más de un cuarto de siglo que diferentes teóricos del campo de la comunicación desarrollaron la noción de “Sociedad de la Información” (SI), depositando en la potencialidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) la capacidad para reconvertir tanto la esfera productiva como la doméstica, a partir de la manipulación de grandes volúmenes de información. La “Sociedad de la Información” se configuró teóricamente como una posible respuesta económica a la crisis del capitalismo posfordista, ligada a una promesa de democratización desde el paradigma del libre acceso y circulación de la información. La SI no pudo pasar su prueba de fuego: el surgimiento de Internet, donde se depositaron todas las expectativas, no sólo no pudo minimizar las desigualdades; además, las potenció (“brecha tecnológica”).

Alejados de estos debates, donde se zambullen los escribas oficialistas, el gobierno utilizará la aplicación de la televisión digital para ampliar su espectro mediático, en una primera instancia, ya que no existe legislación en el rubro, asegurándose en lo inmediato cuatro nuevas señales gubernamentales. Se refuerza de esa forma, no sólo la política oficialista, sino el monopolio y la manipulación política del capital. La segunda etapa estará destinada a cumplir una deuda pendiente con las telefónicas que fueron excluidas de la Ley de Medios, para lo que será necesaria una nueva Ley de Telecomunicaciones.