En la provincia de Córdoba, doscientos cuarenta mil hogares carecen de vivienda propia (Censo 2001), es decir que casi un millón de habitantes no tienen un techo. Este dato, de por sí de extrema gravedad, no sería más que un número en una estadística, si no ubicáramos la situación en un marco político y económico determinado por la recuperación capitalista. Este boom inmobiliario muestra a la ciudad convertida en un show de la construcción. Mega torres, edificios, countries, barrios privados son parte del paisaje urbano que no deja de crecer. Las tierras más importantes son acaparadas por los grupos económicos dedicados al negocio de la construcción, como Edisur, Regam, etc.

 

En Córdoba, el fenómeno de la soja ha producido la concentración de tierras rurales en manos de los grupos económicos agroexportadores, provocando la expulsión de miles de pequeños propietarios y campesinos. Por otro lado, parte de los dividendos, producto de la exportación, son volcados a nuevos negocios inmobiliarios.

 

El superávit fiscal no sólo no ha sido utilizado por el estado para atacar el déficit habitacional, sino que por el contrario es utilizado para mantener el dólar alto, favoreciendo a los exportadores y así fomentar aún mas la especulación inmobiliaria.

 

La consecuencia de este fenómeno es el encarecimiento de la tierra, la suba incesante de los alquileres y la inaccesibilidad al crédito hipotecario son el azote que deben sufrir aquellos sectores populares que carecen de un techo.

 

El gobierno de De la Sota sólo ha atendido el problema de nada más que un 3% de los afectados, mediante la aplicación de créditos del BID para la relocalización de villas de emergencia que se encuentran en zonas inundables. (De todas maneras estas obras han servido para llenar el bolsillo de las empresas amigas del gobierno.) El remedio parece peor que la enfermedad. La construcción de los barrios-ciudades, así llamados estos verdaderos ghettos para pobres, no ha hecho más que aumentar las penurias de los habitantes de las villas trasladadas. Son llevados (expulsados para ser más claros) a lugares alejados de la ciudad, carentes de los más elementales servicios públicos, transporte, hospitales, cloacas, servicio de agua potable. Ni siquiera los dispensarios instalados en estos barrios-ciudades funcionan adecuadamente por la falta de insumos, personal y hasta ambulancias para traslado. Esto sin contar que muchos de los habitantes de estos barrios han tenido que abandonar sus fuentes de ingreso, las changas, el cartoneo, etc.

 

Juez ha abandonado todo control del desarrollo urbano y ha impulsado ordenanzas que favorecen el boom de la construcción y la especulación inmobiliaria, como la que permite los edificios de hasta cuatro pisos en barrios residenciales donde estaba expresamente prohibido. La ciudad de Córdoba está al borde del colapso de los servicios como resultado de este "boom". El sistema cloacal de la ciudad está en un 50% de las necesidades. El servicio de agua carece de inversiones y los alquileres se han triplicado en los últimos cuatro años.

 

Para los funcionarios, los periodistas bien pagos y la burocracia el negocio de la construcción es imparable porque “produce puestos de trabajo y es un gran motor de la economía”. Pero para los trabajadores son penurias por partida doble. Los primeros afectados son los trabajadores de la construcción. El empleo creado es de muy bajos salarios, descalificado, en negro, de superexplotación y, además, peligroso. En un año murieron 8 obreros en Nueva Córdoba por accidentes laborales resultado de la falta de seguridad. El gremio de la construcción ha actuado junto a la patronal delatando a los trabajadores “quejosos”, produciendo informes favorables a cambio de cometas.

 

Por el otro lado en los últimos años ha habido una expulsión del centro hacia los barrios. Luego la especulación se trasladó a los barrios, con los bajos salarios (en Córdoba el salario es un 43% más bajo que en Buenos Aires) los trabajadores emigraron hacia el gran Córdoba (Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Malvinas, Est. Juárez Celman) en busca de terrenos baratos sin servicios. Los countries, los negocios del turismo, han fomentado el negocio de las tierras de esos lugares, provocando una nueva expulsión más alejada aún de la Capital (donde está la mayor ofertar laboral). A través del programa Tierra para el Futuro, funcionarios de los municipios, grupos empresarios, testaferros se están quedando con las mejores tierras mediante la llamada “usucapión”. El negocio con las propiedades en Córdoba ya llevó a la intervención del Registro de la Propiedad con un proceso judicial que hasta ahora detuvo perejiles.

 

Frente a la falta de viviendas, al encarecimiento de los alquileres y las tierras, frente a esta situación el Partido Obrero plantea:

 

1. Plan de viviendas, acordes a las necesidades de las familias trabajadoras. Control obrero de los costos y desarrollo de las obras. Bolsa de trabajo bajo control de las organizaciones de desocupados.

 

2. Cese de la construcción de torres, countries y barrios privados y convocatoria a una asamblea popular con delegados electos para elaborar un plan urbano para el desarrollo de cada ciudad del Gran Córdoba

 

3. Urbanizar todas las villas de emergencia para sus pobladores, de acuerdo a un plan elaborado con los habitantes de las villas.

 

4. Desarrollo de los espacios verdes, culturales y educativos.

 

5. Aumentar los salarios para que la relación alquileres-salarios no supere el 20%.

 

6. Elaborar un plan de transporte, que asegure: baratura, accesos, cuidado del medio ambiente y 6 horas de trabajo para los choferes, sin afectar el salario.

 

7. Salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores de la construcción. Comisiones obreras internas en cada obra, elegida y controladas por asamblea, para verificar condiciones de seguridad y de contratación laboral.

 

8. Por la nacionalización del suelo urbano y la creación de un Fondo de Desarrollo con las rentas de esa nacionalización

 

9. Por la devolución de las tierras a los campesinos. Por la investigación por las asambleas de vecinos de las tierras entregadas por usucapión.