El juez Javier de Gamas Soler desestimó la denuncia por la quema de las carpas de los compañeros que se encontraban acampando frente a la casa de gobierno.

El hecho ocurrió el 31 de mayo, a las 2 de la mañana, cuando la policía fueguina desalojó violentamente el acampe pacífico que había cumplido 90 días. El operativo incluyó una cantidad inédita de uniformados y policías de civil, que procedieron a desarmar las carpas e incendiarlas, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes. El ministro de Gobierno, Gastón Díaz, manifestó a los medios que no era necesaria una orden judicial para ejercer su poder de policía y liberar los espacios públicos. Ergo, no hubo orden del juez. A confesión de parte, relevo de prueba.

El mismo juez de Tierra del Fuego que impuso las medidas restrictivas inconstitucionales sobre los dirigentes de la huelga fueguina, hizo gala de su servilismo a la kirchnerista Rosana Bertone y rechazó la denuncia presentada por el incendio del acampe de la ciudad de Ushuaia.

Su fundamento, por demás reaccionario, justifica el accionar de la policial diciendo que  es una facultad del poder ejecutivo provincia “a través de su fuerza ejecutora..” –la policía–  "devolver  la tranquilidad y seguridad pública a todos los ciudadanos de la provincia. Bajo el concepto de la autotutela de la administración pública y la legitimidad de los actos de esa administración está justificado el obrar de la policía".

El abogado de los trabajadores, Rodrigo Guidi, presentó un recurso de apelación de esta resolución y declaró: “para este magistrado, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de disponer, restringir, anular y cercenar los derechos y garantías personales de los ciudadanos por el sólo hecho de que, si así lo decide, su decisión es válida porque se presume su legitimidad y puede ejecutarla por la fuerza”.

Tierra del Fuego sigue conmocionada y en pie de lucha, con una enorme resistencia desde enero de este año, contra el ajuste y la represión.