A la vez, está en curso el plan de lucha de los telefónicos del interior.

Para el lunes 6 han anunciado un paro los trabajadores del subte.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires han confirmado, junto a los estatales, el paro por 48 horas para el 2 y 3 de diciembre. Los docentes de Salta, con los de Orán a la cabeza, han obtenido una victoria que abre una vía a la recuperación del sindicato.

Los judiciales están a punto de lograr el aumento de salarios y la “ley de enganche”.

Se suma a esta “agenda” la movilización de docentes y estatales en varias provincias.

Los moviliza la necesidad.

“En promedio, el poder adquisitivo de los argentinos es un 21,8% inferior al del 2001. En dólares, la caída es aún mayor, del 60%”. Los que menos ganan perdieron más: “El 40% de la población de menores recursos retrocedió un escalón en la participación del ingreso”. Son datos del Indec (Clarín, 23/11).

Que las patronales pueden pagar el aumento que reclaman los telefónicos o los trabajadores del subte lo prueba un informe aparecido estos días: “La cúspide de las familias argentinas más adineradas mantiene el 75% de su dinero fuera del país”, por lo que “unos 77.200 millones de dólares del ahorro permanecen en el exterior, cifra que equivale a casi la mitad del PBI proyectado para este año” (The Boston Consulting Group, Ambito Financiero, 25/11).

Que el Estado puede pagar el mínimo de 750 pesos que exigen los docentes de Orán o los 800 pesos de salario mínimo vital y móvil que reclama el movimiento piquetero, lo prueba el superávit fiscal de 8.000 millones de dólares sobre el que se abalanzan los usureros nacionales e internacionales.

Lo prueba la cancelación de deuda con el FMI y los organismos internacionales, por siete mil millones de dólares, y los pagos inminentes de 2.156 millones de dólares frente a la extorsión de los acreedores.

Lo prueba, finalmente, la catarata de subsidios, exenciones y auxilios del Estado a la burguesía “nacional”.

Las burocracias de la CGT y de la CTA le están dando la espalda al principal reclamo de los trabajadores.

En los más de 200 convenios firmados por la burocracia en lo que va del año, el 70% de ellos fue por empresa y todos de flexibilidad laboral, porque “no hubo revisión de contenidos”.

Son datos del Ministerio de Trabajo.

Las burocracias se escudan en el reclamo de “un aumento por decreto” que saben imposible o insatisfactorio.

Se niegan siquiera a reclamar la continuidad de los planes sociales que el gobierno plantea eliminar y el aumento de su remuneración a 350 pesos.

En Comodoro Rivadavia, los petroleros defendieron la huelga frente a la burocracia y repudiaron la oferta patronal (¡un 33% repartido en cuatro años!) y el intento de firmar un convenio “plurianual”.

El Partido Obrero apoyó con todo estas luchas como la auténtica vía para obtener las reivindicaciones.

Los militantes del Partido Obrero impulsan la convocatoria de asambleas y comités de huelga.

Por un salario equivalente a la canasta familiar, por 800 pesos de salario mínimo, la efectivización en masa de los contratados, la reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo en negro.

Para reforzar estas luchas y sus posibilidades de victoria construyamos una alternativa obrera y socialista.