El jueves 18, un descomunal operativo de infantería desalojó la toma de la Ruta 1003 en Merlo, donde más de 2.000 familias trabajadoras estaban, desde octubre, luchando por un pedazo de tierra.

 

El operativo tuvo una fuerte repercusión mediática. Hasta ahora, ningún gobierno -nacional, provincial, municipal, kirchnerista o macrista-, ha dado respuesta al reclamo por el más elemental derecho a la vivienda.

 

El asesinato de un niño de 8 años, por un enfrentamiento de bandas que se disputan el negocio de la droga, fue la excusa para justificar el desalojo. Encubren así la responsabilidad del Estado: la situación de irregularidad de los ocupantes y la negativa a urbanizar el barrio fue el caldo de cultivo para que recalaran las bandas narcos que, por otra parte, lo hicieron con la absoluta connivencia de la policía, destacada allí desde octubre.

 

“Desalojen a los narcos, no a los vecinos” fue la consigna que levantaron en ese momento las familias, mientras sus casas eran destruidas.

 

Menéndez con el verso de la “mesa de diálogo” no dio ninguna solución al problema habitacional. El mismo jueves, el intendente kirchnerista se paseó por todos los medios justificando el desalojo PRO.

 

Los medios hablaban de “desalojo pacífico”, pero la expulsión de dos mil familias pobres y la destrucción de sus pocas pertenencias es un acto de violencia flagrante. Fue además ilegal, porque se ignoró la suspensión del desalojo por 180 días dictada por un juzgado de garantías. Diego Ferreyra, delegado de la toma, fue brutalmente golpeado y detenido. Son ocho los vecinos con causa de tentativa de usurpación.

 

El mismo jueves, los referentes del Partido Obrero de Merlo nos entrevistamos con el Ejecutivo municipal. En primer lugar, exigimos la libertad de los vecinos detenidos. También planteamos una salida habitacional para las familias damnificadas: la expropiación de las tierras ociosas y su otorgamiento a las familias que las ocupaban a partir de un plan de urbanización, contemplado incluso por el juzgado de garantías interviniente.

 

El golpe sufrido no doblegó la voluntad de las familias. El domingo posterior al desalojo, una asamblea de vecinos debatió la continuidad de la lucha. La asamblea votó y llevó adelante una importante movilización al municipio el martes 23. Quedó claro para todos que las “mesas de diálogo” son estériles si no hay detrás de ellas una movilización popular que le arranque al gobierno un derecho que debe, pero no quiere, garantizar.