A cambio del triple play, Telefónica de España acaba de retirar una demanda contra la Argentina ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El pulpo telefónico sostenía este reclamo por 2.800 millones de dólares desde 2002, cuando Duhalde devaluó el peso. El “millonario gesto” –como bien caracteriza el Grupo Clarín (22/10), quien fuera rescatado de la pesificación en el mismo año por la ley de empresas culturales– tiene como contrapartida antes que el aumento de las tarifas de telefonía fija –el “menor” de los negocios de las telefónicas– el acceso a la televisión por cable.

Como se ve, las idas (su inclusión en el proyecto original) y vueltas (su exclusión para conseguir el voto del centroizquierda), terminan en un clásico de la democracia burguesa: el toma y daca.

El negocio cerró con el compromiso oficial por retomar la Carta de Intención de 2006, firmada por el gobierno y la empresa, en uno de cuyos puntos acordaban la salida de una ley de telecomunicaciones a la medida de las telefónicas. No es ésta. Todavía.

Esta, sí, ya es la que habilita el otro “toma y daca” con los otros capitalistas amigos: Rudy Ulloa, la familia Ezquenazi, Electroingeniería y el infaltable Cristóbal López analizan la posibilidad de comprar Canal 9 al mexicano Angel Remigio González y González (antes fueron dueños Avila, Moneta, Hadad y un grupo australiano) y Telefé al grupo Telefónica (antes editorial Atlántida, el eterno rector de la UB Avelino Oporto, Santiago Soldati, el CEI Citicorp).

Según ¿informa? Clarín, lo que va a demorar el desembarco de estos grupos no reside tanto en los tiempos de reglamentación de la ley como en el hecho de que los canales en cuestión están “flojos de papeles” (ídem), un eufemismo que apenas disimula la turbia historia de compras y recompras de estas empresas bajo el amparo del Estado.

Entretanto, Eurnekián conversa con el mexicano Carlos Slim y el grupo Wertheim para hacerse de la mitad de las acciones de Telecom. Y para no quedar afuera del reparto también se anotan las productoras “independientes” –asociadas a los grandes grupos multimedias– disponibles para generar contenidos “federales” o “nacionales”, según pauta la nueva ley.

Sólo falta consignar el retiro por ventanilla de algunos subsidios a las “organizaciones sociales” que apoyaron la ley de medios para completar el cuadro general de la “polifonía de voces”.