El masivo paro estatal del 24 ha dejado conclusiones políticas de fondo, más allá de una adhesión que superó los cálculos -y la orientación- de sus propios organizadores. El paro recogió la adhesión y simpatía de una clase obrera golpeada por la carestía, los despidos estatales y privados y la persistencia del impuesto al salario. Ello se tradujo en las columnas de los sindicatos y comisiones internas que también pararon y se movilizaron, bajo la acción del clasismo. Pero el 24 también representó un golpe monumental al protocolo represivo de Bullrich-Macri: las “reglamentaciones” redactadas por los burócratas oficiales sencillamente sucumbieron ante la masividad de las columnas de trabajadores -el gobierno debía optar entre una represión abierta, sin la menor condición política para ejercer, o la contemplación de las columnas, que es lo que finalmente hizo. A sólo sesenta días de su asunción, la clase obrera hizo valer un pronunciamiento claro contra la agenda ajustadora y procapitalista del gobierno.

 

Crisis política

 

Esta irrupción obrera se produce en medio de una crisis política del gobierno “Cambiemos”. El “rodrigazo” en cuotas o “gradual”-devaluación primero y tarifazo después- terminó sacando a la superficie todas las contradicciones de la quiebra nacional. Para resarcirse del tarifazo, la patronal industrial y agraria reclama otra devaluación, un planteo que se acentúa con la caída de los precios internacionales y el derrumbe de la economía brasileña. La cosecha continúa siendo acaparada, a la espera de una devaluación mayor. Por el mismo motivo, la fuga de capitales y las reservas internacionales han vuelto a drenar. “Gradualmente”, se configura el escenario de una corrida cambiaria.

 

El desmadre económico acentúa las urgencias oficiales para lograr un socorro financiero internacional. Pero ese auxilio está condicionado al arreglo con los fondos buitre, cuya factura superará los 15.000 millones de dólares. Cuando se suma esa deuda al conjunto de las hipotecas pendientes, se tiene que la deuda argentina se acerca a la mitad de su Producto Bruto, muy por arriba del “desendeudamiento” celebrado por igual por kirchneristas y los actuales oficialistas.

 

Pero el rescate financiero conducirá a nuevas contradicciones. El gobierno deberá emitir moneda como contraparte de los dólares que ingresen, o sea que el reendeudamiento también será inflacionario.

 

A partir de este cuadro, un sector de la burguesía y del propio gobierno ha salido a criticar el “gradualismo” y reclama un ajuste fiscal a fondo (tarifazos de todos los servicios y el transporte, despidos masivos en la administración pública) como preludio de un nuevo endeudamiento. Quieren deflacionar la economía por medio de una recesión, cuyo objetivo inmediato sería liquidar el capital sobrante y producir una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo, en este caso, por la vía de golpear la capacidad de acción de la clase obrera.

 

Pacto buitre

 

Es claro, a partir de lo anterior, que el acuerdo con los buitres sería la piedra angular del nuevo régimen político que quiere poner en pie el macrismo. Los buitres más recalcitrantes exigen que el Congreso derogue primero las leyes cerrojo y de pago soberano como condición para finiquitar un acuerdo. O sea que es el capital financiero quien está diseñando los términos del nuevo régimen político en Argentina. Las diferentes muestras de gobernabilidad que han brindado el kirchnerismo y el pejotismo en estos sesenta días son el anticipo del compromiso político en ciernes para cerrar el acuerdo con los buitres. Por lo pronto, los gobernadores pejotistas -con Urtubey a la cabeza- lo apoyan sin reservas, ya que dependen de él para habilitar una escalada de endeudamiento de sus provincias.

 

De este modo, el “bonapartismo de verano” que representaba el régimen de los decretazos le abre paso a una coalición de “acuerdos a medida”, según la agenda de la crisis. Es claro que estos acuerdos funcionan sobre la base de componendas y trenzas extraparlamentarias, convirtiendo al Congreso en una mera escribanía. Detrás del folklore de las plazas del aguante, los camporistas mantienen sus lazos politicos y parlamentarios con los gobernadores del ajuste y se han disciplinado a una “normalización” del pejota que tendrá como cabeza a Barrick Gioja.

 

La izquierda

 

La huelga y las manifestaciones de este 24 han sacudido esta modorra de pactos, así como la pretensión de confinar la crisis política a un supuesto conflicto entre macristas y kirchneristas. La plaza de este 24 exhibió la verdadera grieta: de un lado, los trabajadores cesanteados o precarizados; del otro, los gobiernos ajustadores, de Macri a Alicia Kirchner, pasando por el massista Morales y los intendentes camporistas del conurbano. Pero más allá de los despidos, la agenda de la clase obrera está sacudida por la crisis de la paritaria docente, donde las marchas y contramarchas oficiales delatan el terror del gobierno a que el ciclo lectivo se inaugure con un paro general docente; por el fiasco del impuesto al salario, donde el decreto macrista ha terminado incorporando miles de trabajadores a esta confiscación, y, naturalmente, por la carestía, que mete mayor presión al conjunto de las paritarias.

 

La izquierda debe tomar nota de este cuadro y tomar la iniciativa, por medio de una enérgica agitación política. Es necesario explicar a fondo la dimensión nacional e internacional de la crisis en curso, no sólo para que la clase obrera defienda sus conquistas amenazadas sino también para que se erija en alternativa política.

 

La acción parlamentaria tiene que apuntalar ese objetivo. Una instancia de esta lucha se planteará el 1º de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias. Teniendo en cuenta la revulsión popular que provocan los tarifazos, la carestía, el arreglo con los buitres, la estafa del impuesto a las ganancias y el protocolo represivo, nuestros parlamentarios se retirarán de la sesión inicial como expresión de rechazo al paquetazo oficial, al “pacto buitre” y al compromiso de los bloques opositores con el mismo. Convocamos a las fuerzas del FIT y al conjunto de la izquierda a realizar actos y manifestaciones frente al Congreso y a las legislaturas, para expresar ese rechazo y levantar un programa de reivindicaciones populares.