El alcance de una victoria

El jueves 13 de agosto, la Legislatura de Neuquén votó en general la transferencia de Zanón a la cooperativa obrera Fasinpat. La “ley de expropiación”, impulsada por el gobierno de Jorge Sapag, parte de un acuerdo con los acreedores (el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo -IADEP-, la fabricante de maquinaria de origen italiano SACMI y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial), que se “avienen” a aceptar un ‘resarcimiento’ de 23,5 millones de pesos por las deudas impagas que contrajo la patronal de Zanón. Los fondos serán adelantados por el Estado, pero la ley establece, por otro lado, que la cooperativa “compensará al Estado provincial, en especie, las sumas desembolsadas, o sea mediante la venta al costo de los productos que requiera la Provincia para fines públicos” (Art 7). La gestión obrera (cooperativa), ahora legalizada, debuta en su nueva etapa con la carga de una enorme hipoteca. Aunque la ley no establece una tasa de interés para la deuda que la cooperativa obrera contrae con el Estado, esa tasa existe. Se la puede deducir de la diferencia entre el precio de costo al cual deberá vender su producción al Estado y el precio de mercado de los cerámicos. Tiene una tasa de interés implícita, que podría llegar a ser usuraria. Es sólo en estas condiciones que el gobierno acabó admitiendo la transferencia de la propiedad legal de la empresa a la cooperativa formada por los trabajadores, luego de una década de intentos para desalojarlos, de represión, de atentados individuales contra dirigentes y activistas, y un proceso judicial que buscó en todo momento salvar el capital de los vaciadores y los créditos de sus financistas, y nunca el derecho al trabajo de los obreros. Es con una clara conciencia de estas limitaciones que debe valorarse la victoria obtenida por los trabajadores de Zanón, pues esas limitaciones dejan establecido el programa para superar los obstáculos y las hipotecas que ha creado la “ley de expropiación”, y para alcanzar, por medio de la lucha, el objetivo de la expropiación sin pago y la efectiva gestión obrera.

A los compañeros de Zanón les costó casi una década de luchas arrancar a los gobiernos antiobreros del MPN esta transferencia de propiedad, que tiene similitudes con las conquistas que obtuvieron la mayoría de las recuperadas en 2002/03. Durante todo este tiempo, el gobierno provincial trabajó en forma sistemática para devolver el control de la planta a sus vaciadores, desahuciar a la cooperativa Fasinpat y desalojar a los obreros. Lo mismo vale para la Legislatura neuquina, que incluso en tiempos recientes dio la espalda al proyecto de expropiación efectiva (estatización, sin indemnización) presentado por los trabajadores ceramistas, que fue acompañado por 90 mil firmas. Pero los intentos de confiscar la empresa a sus trabajadores (el desalojo) fracasaron. El sapagismo y sus compinches tuvieron que admitir su derrota y buscar nuevos caminos de salida; el resultado es la ley que se acaba de votar. De todos modos, aun en los días previos a la sanción, cuando la aprobación de la “ley de expropiación” ya era presentada como un hecho consumado, las cámaras patronales, la burocracia de la CGT y hasta funcionarios oficiales salieron a embestir contra esta posibilidad. La ley está confeccionada para dotar al Estado de una capacidad de arbitraje y de supervisión sobre la nueva fase del emprendimiento obrero, sea por la vía de la hipoteca para pagar el ‘resarcimiento’, sea por la facultad para determinar las compras públicas (el texto de la ley tiene varias referencias al establecimiento de la “paz social”). Finalmente, la ley se aprobó en general por 26 votos contra 9 (votaron en contra dos diputados del PJ y prácticamente toda la bancada radical), en una sesión con asistencia perfecta de los legisladores.

La jornada estuvo enmarcada por una movilización de 4 mil personas. Durante el largo debate en el recinto, se desarrolló un acto en las puertas de la Legislatura en el que hablaron dirigentes obreros y populares.

La “ley de expropiación”

Entre la formación de la cooperativa y la aprobación de esta ley se desarrolló una larga transición de cuatro años, durante los cuales la fábrica estuvo colocada bajo el arbitrio del juez a cargo de la quiebra. La cooperativa obrera pagó durante ese tiempo un canon por el alquiler de la planta de 40 mil pesos mensuales. La finalidad del concurso de quiebra era devolver el control de Zanón a la familia de vaciadores o a sus testaferros. Ahora, el juez interviniente, Rafael Barreiro, se espanta porque la ley “no contempla (el pago de una indemnización) a los ex trabajadores” (se refiere a los carneros que no participaron de la ocupación de la planta ni de la gestión obrera, ni forman parte de la cooperativa). Barreiro no debió haber mencionado el hecho, porque la realidad del asunto es que la ley que acaba de ser votada sí expropia a los trabajadores que lucharon por la gestión obrera, al no reconocerles los derechos indemnizatorios que les corresponden toda vez que el abandono de la empresa por una patronal es equivalente a un despido masivo. La perfidia de la ley votada es que ignora ese derecho, como se intenta hacer igualmente ahora en Paraná Metal, Massuh o Mahle. La exigencia, por parte del Estado, de que los obreros que quieren hacerse cargo de una empresa vaciada formen una cooperativa, apunta, entre otras cosas, a eliminar derechos indemnizatorios, y también convertir al nuevo colectivo en monotributista, sin convenio de trabajo. Sólo en concepto de cesión de derechos indemnizatorios, la adquisición de la fábrica por sus trabajadores hubiera podido hacerse gratuitamente. La continuidad de la empresa a manos de los trabajadores valorizó activos que de lo contrario hubieran sido rematados a precio de chatarra, algo en lo que tampoco se interesaron los legisladores.

Esta ley no contempla ningún subsidio oficial para capitalizar la fábrica y renovar su maquinaria obsoleta. Se condiciona la compra de la producción de la empresa a los límites que requiera el Estado (que pagará, recordemos, al costo), pero la demanda estatal no es establecida de un modo preciso y cuantificado. Sapag tiene todavía el arma de la reglamentación de la ley, para fijar en este punto otros condicionamientos. La ambigüedad legal del planteo de compra no es, sin embargo, de menor importancia, porque el gobierno buscará usar la facultad de comprar esa producción para condicionar políticamente a la cooperativa, como lo han hecho otros gobiernos (nacional y provinciales) con las empresas recuperadas. Es muy posible que haya que luchar por la firma de un contrato que colme las necesidades de la cooperativa obrera y que precise el concepto de costo de producción, de modo de incluir salarios y costos laborales compatibles con la calificación y con las aspiraciones de los trabajadores.

Se abre una nueva etapa de lucha

Con esta “ley de expropiación”, Sapag no pretende, es obvio, reivindicar la gestión obrera, ni hacer una autocrítica por la política del MPN en toda esta década, ni reconvertirse al ‘populismo’; busca -con las normas establecidas en la ley, una nueva modalidad y nuevas vías de ingerencia del Estado- neutralizar la independencia de clase de los ceramistas e introducir su propia cuña. Ha echado lastre, seguramente, para apaciguar la tremenda crisis social y política que sacude a la Patagonia, como lo muestran las huelgas petroleras, sin ‘violentar’ los derechos y contratos confiscatorios del régimen de la propiedad privada.

Néstor Rivas (Jacyn)