La brutal agresión sufrida por el automovilista Leonel Biasutti aportó dos datos que expusieron el entramado mafioso que sostiene el negocio de los trapitos: 1) la Bonaerense, apostada a 50 metros del lugar, se negó a intervenir a pesar del pedido del amigo de Leonel al jefe de calle; 2) el golpeador es empleado municipal de San Martín en el área de tránsito, con vínculos con el intendente, Gabriel Katopodis (FpV), y barrabravas. Esto permite entender por qué el hecho trascendió sólo diez días después gracias a la lucha tenaz de la madre de Biasutti, que movió cielo y tierra para encontrar a los responsables. El video de prueba fue aportado por un comerciante, no por las “cámaras de vigilancia” extendidas en el municipio y que nunca registran los atropellos que involucran al Estado. De este modo se rompió la cadena de encubrimiento que montaron la policía y los funcionarios municipales.

 

El trapito es el último eslabón de un negocio millonario. El 80% de lo recaudado va a parar a las cajas policiales y las barras bravas. Un caso emblemático es el copamiento de Ciudad Universitaria por la barra de River para cobrar el estacionamiento, lo que fue denunciado por el Centro de Estudiantes de la Fadu. En La Boca sucede lo mismo, donde Angelici -hombre del macrismo- preside el club. Es el propio Estado el que ampara las cajas de los “batatas” o los “Favale”, que luego son utilizados como fuerza de choque de la burocracia sindical contra los trabajadores, como en el caso de Mariano Ferreyra.

 

El negocio de los trapitos es una muestra de la descomposición del Estado, pero es sólo la punta del iceberg que tiene por debajo los vínculos mafiosos con el narcotráfico, la trata de personas y el delito organizado.

 

El macrismo anunció que volverá a la carga con su proyecto de prohibir los trapitos, ahora también en la provincia. Se proponen reforzar el poder de la policía -socia del negocio- para detener personas sin testigos. Una demagogia punitiva que no aportará ninguna solución. En 2011 Macri vetó una ley, impulsada por el FpV, que pretendía regular la actividad de los trapitos invocando la defensa del espacio público y contra el amparo de mafias. Pero detrás del veto estaba el proyecto de tarifar el estacionamiento en el 75% de la Ciudad, otra forma de privatización y favoreciendo a otras mafias: los concesionarios del estacionamiento y las grúas del acarreo.

 

El debate entre prohibicionistas del PRO y reglamentadores del FpV pretende ocultar la realidad de un Estado de mafias, que involucra a unos y a otros. Planteamos separar la paja del trigo, donde hay mafias investigar las responsabilidades políticas y policiales. Donde hay trabajadores con una necesidad, el Estado tiene la responsabilidad de generar trabajo genuino y, en el caso del tránsito, su ordenamiento debe ser realizado por trabajadores bajo convenio. La solución al problema de los trapitos apunta al desmantelamiento de un Estado de mafias, al control popular de las comisarías, a la recuperación de los clubes -hoy enormes emprendimientos capitalistas- como ámbitos del desarrollo social, cultural y deportivo y a la expulsión de la burocracia sindical de los sindicatos.