Este 1° de junio el Ministerio de Salud de Nación declaró a Trelew como lugar de transmisión comunitaria de coronavirus, luego de las terribles imágenes de Villa Azul, en el sur del conurbano bonaerense, que estremecieron a todo el país.

En la ciudad se realizó una conferencia de prensa encabezada por el intendente Adrián Maderna junto al ministro de Seguridad, Federico Massoni, en la que brindaron detalles de las medidas que se arbitrarán en la ciudad, luego de la confirmación de dos casos positivos de Covid-19.

En declaraciones, Massoni dijo que “endurecerá las medidas en las zonas más vulnerables de la ciudad, ubicados en la zona norte”. Luego de este anuncio salieron rápidamente a bloquear los accesos del barrio Inta, sumando controles policiales a cada barricada además de agregar retenes en distintas arterias principales de la ciudad.

Recordemos que la provincia del Chubut vive un brutal ajuste de la mano del gobernador Mariano Arcioni que le debe más de dos meses del salario a los estatales y docentes. A su vez, el régimen policial ha ido en aumento con la excusa de la pandemia, llegando a realizarse denuncias -con la intervención de organismos de DD.HH- sobre las detenciones ilegales y vejámenes en las comisarías, y aun así, la figura de Massoni quedó intacta al igual que todo el aparato represivo.

La situación de precariedad en las barriadas no es menor, siendo Trelew una de las ciudades de mayor índice de desocupación en el país. La llegada de la pandemia vino a acentuar la crisis que se vive, donde la gran mayoría no puede salir a trabajar y la desocupación avanza ante el cierre de fábricas como Sedamil y Fyrsa.

Ante este grave cuadro que toca vivir, a numerosas familias les han demorado el IFE; luego de superar cuantiosas barreras burocráticas, pudieron cobrar después de 3 meses de espera.

La salida que tuvo el gobierno fue reforzar el estado policial en los barrios de Trelew, donde se gestaban zonas liberadas de la policía, con el objetivo de amedentrar a los vecinos que querían salir a reclamar por alimentos. Este reforzamiento represivo poco tuvo que ver con el objetivo de atacar las redes de narcotráfico y prevenir hechos delictivos, que en la mayoría de los casos tienen un vínculo estrecho con la policía. Los vecinos lo tienen muy en claro, por eso el repudio ante la llegada de la policía al barrio. Muestra de esto fue lo sucedido en Puerto Madryn, donde policías de la Federal fueron  denunciados por robarle a un joven “delivery”. Según su denuncia, los integrantes de la Policía Federal Argentina lo detuvieron y le robaron una recaudación de $ 2.000 y le dijeron “esto muere acá”. Denunciaron que de estos casos hay más.

En las condiciones de extrema precariedad, el virus encontró un terreno fértil. El cerco policial al barrio no va a  contribuir en nada a la situación sanitaria de las familias. Los vecinos se encuentran privados de los elementos esenciales. Los alimentos distribuidos son una miseria. Al igual que en los barrios Planta de Gas y Moreira, los vecinos reclaman por trabajo y poder cubrir las necesidades materiales; los comedores no dan abasto. Nunca obtuvieron respuesta. Arcioni junto a Massoni se hizo “presente” bajo la forma de una ocupación policial, transformando el barrio en un gueto.

 

La tensión aquí y en el país no se reduce a la terrible situación que pasan los vecinos de este barrio. Son miles de trabajadores que se miran en ese espejo y saben que están expuestos a lo mismo.

La salida de muchas familias trabajadoras por no poder sostener un alquiler, y ni mencionar el acceso a la tierra, producto de valores de mercado en dólares, empujó a los asentamiento, faltos de servicios y con construcciones precarias. Las "medidas de fondo" del gobierno de Maderna se reducen a repartir rollos de plásticos.

Hoy, en una provincia quebrada, se destinan todos los fondos que esta produce al pago serial de una deuda fraudulenta, además de redoblar la entrega poniendo en garantía todos los recursos naturales y preparando el terreno para la megaminería, a la que la movilización popular le dijo ¡no!

Debe cesar está sangría y destinar los recursos de la provincia para cubrir las necesidades que padece el pueblo trabajador. Además, hay que imponer un impuesto a las ganancias de quienes la han levantado en pala en la provincia, para con estos recursos hacer frente a la cuarentena. El Partido Obrero de Chubut  junto al Polo Obrero viene denunciando que “con hambre no hay cuarentena” y rechazando la política de conformación de guetos de pobres.

La apertura de comercios e industrias que Fernández, Larreta y Kicillof le habilitaron a los lobbys empresariales puso en marcha el contagio de miles de trabajadores que salen de sus barrios para trabajar.

Los recursos del Estado no han ido a las villas 31 o Azul del país o, en este caso, al barrio Inta, sino a las arcas de miles de empresas, desde Techint a Clarín o McDonald’s. Pagan a los CEOs de monopolios internacionales con fondos de los jubilados. Preparan un nuevo desembolso de millones de dólares a los acreedores internacionales.

Los miles de jubilados que han visto reducidos sus ingresos, los trabajadores despedidos, suspendidos a la baja o que sufren reducciones salariales son víctimas de las prioridades oficiales.

Reclamamos que cese el operativo que cerca los barrios Inta y Moreira de Trelew y que se garanticen las condiciones sanitarias y alimentarias para los millones de trabajadores que viven bajo el nivel de pobreza.