Diego Barrientos, director del Centro de Operaciones y Monitoreo de Tres de Febrero, quedó detenido  por consumo de pornografía infantil y hechos de pedofilia (San Martín Noticias, 2/5)  luego de que lo acusara la fiscalía especializada en Trata de Personas y Delitos Conexos de San Isidro. El ex funcionario tenía a su cargo tareas vinculadas a la seguridad vecinal, entre ellas, el monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio. 

 

La fiscalía dio con el imputado a través de un seguimiento de sus conexiones a Internet. Así lograron determinar que era usuario de una cuenta alojada en una red social desde la cual se consumía pornografía infantil y se contactaba con menores de edad. A partir de esto fueron allanadas su casa y su oficina. 

 

El caso fue conocido a fines de abril y generó un repudio generalizado. Al tomar carácter público, tuvo lugar un escrache en el municipio que no solo se dirigió contra el autor material, sino que también apuntó contra Juan Manuel Luccioni, secretario de seguridad del municipio, por encubrirlo. Es la segunda vez que Luccioni está en el foco de las críticas, meses atrás había manifestado su apoyo a la dictadura militar. La oficina de Barrientos estuvo bajo custodia policial hasta hace poco. Finalmente, Barrientos renunció a su cargo. 

 

Según denunció un edil en el Concejo Deliberante no es la primera denuncia contra el Centro de Operaciones y Monitoreo. Meses atrás, se produjo un grave hecho de violencia de género por parte de un encargado que golpeó a una empleada.

 

Los bloques del Frente para la Victoria y el massimo, reconocieron durante la sesión del Concejo Deliberante que trató el tema la gravedad del hecho; sin embargo, no avanzaron más allá de  un pedido de informes, pese a que el funcionario apartado era uno de los responsables designados por el Poder Ejecutivo, que encabeza Diego Valenzuela, de vigilar el espacio público. 

 

Martín Jofré, del Frente Renovador, quien presentó el expediente aclaró que desde su bloque “no volcamos sobre el gobierno municipal la responsabilidad que una persona esté involucrada en una causa de pedofilia (…), pero nos preocupa que no se haya tomado ningún tipo de recaudo ni ningún tipo de averiguación de antecedentes”. Por su parte, desde el Frente para la Victoria, Máximo Rodríguez, indicó que se trata de “un hecho de repugnancia que va contra las buenas costumbres” (SM Noticias, 2/5).

 

Ni unos ni otros plantean el problema elemental de que estamos frente a un grave delito por parte de un funcionario público que se valía de la extendida red de recursos del Estado  para atacar a la niñez; y que debe ser investigado en profundidad el proceso de designación de este pedófilo, empezando por las razones por las que Luccioni lo seleccionó para el cargo.

 

Exigimos que se investiguen las cadenas de responsabilidades políticas en la designación de este funcionario, que el gobierno abra un sumario hasta tanto se termine la investigación y denunciamos cualquier intento de encubrir a este funcionario. Debe iniciarse, además, toda una investigación sobre el uso de las cámaras de seguridad del municipio, que estuvo en manos de un probable pedófilo, realizada por una comisión independiente integrada por organismos de Derechos Humanos.