Tucumán sufre una de sus peores catástrofes, con miles de familias que perdieron sus viviendas y bienes como resultados de las inundaciones.

Sin sonrojarse, el gobernador José Alperovich declaró que “la política y las obras para prevenir las inundaciones han funcionado”. Sin embargo, los doce años de este gobierno se derrumban ante los ojos del pueblo: obras prometidas que jamás se hicieron, zonas inundadas por falta de limpieza de canales, diez puentes que se vinieron abajo, escuelas inundadas con clases suspendidas y zonas enteras que carecen de agua potable.

Los especialistas coinciden en que la razón de fondo de semejante desastre es la tala indiscriminada de las zonas pedemontanas y los cerros. El director provincial del Agua, Juan Sirimaldi, afirmó “No hay dudas de que llovió de manera extraordinaria, pero creo que los desmontes son responsables en un 70 por ciento de las inundaciones en Tucumán”.

El desmonte irracional fue alentado en los últimos años para ampliar la frontera de la soja y el citrus. En otros casos para liberar terrenos para el negocio inmobiliario como ocurre en la zona de Yerba Buena. De esta manera, los bosques que antes actuaban como barreras naturales y a la vez ayudaban a filtrar el agua han desaparecido.

Los beneficiarios de esta política han sido un puñado de terratenientes, varios de ellos dirigentes y legisladores del oficialismo y también de la oposición agrupados en el Acuerdo Cívico.

Frente a la catástrofe, el gobierno ha declarado la emergencia social e hídrica, pero esa medida es un saludo a la bandera. Las inundaciones, por otro lado, sacaron a luz la falta completa de una política de urbanización: en varias ciudades como en San Miguel, los barrios inundados están construidos en zonas inundables.

Hay barrios en los que los vecinos comenzaron a organizarse para reclamar medidas de auxilio y en algunos casos han salido a cortar las rutas para hacerse escuchar.

El Partido Obrero plantea:

a) Creación de un fondo de reparación a los pueblos y barrios afectados en base a un impuesto extraordinarios a los terratenientes de la soja, el azúcar y el citrus y a la patria inmobiliaria para asegurar la construcción de las viviendas destruidas; reubicación de los barrios inundables a lugares seguros, un plan de obras para la reconstrucción de la infraestructura destruida (puentes, caminos, etc.) y de los eternamente prometidos diques de Potrero de las Tablas y Potrero del Clavillos;

b) para que, en lo inmediato, se asegure la ayuda material y sanitaria ésta debe quedar bajo control de los propios afectados y no de los punteros del gobierno. Que se convoquen a asambleas y se elijan representantes que también se encarguen de censar las obras necesarias y el control de su realización.