Este martes 5 comenzó el juicio oral y público a Bussi, por un solo hecho: el secuestro de quien era senador provincial del PJ, Gerardo Vargas Aignasse, el 24 de marzo de 1976, cuando además Bussi asumía como interventor militar en Tucumán.

Bussi ha sido denunciado, sin embargo, por centenares de casos de secuestros, asesinatos, detenciones y torturas, tanto como responsable político como ejecutor directo.

Bussi fue un genocida antes de la dictadura, bajo el gobierno peronista. Bussi había asumido la jefatura del Operativo Independencia en diciembre del ’75. Bajo el gobierno justicialista de Juri en la provincia, se implementó una política de secuestros, asesinatos, detenciones, el establecimiento de casi un centenar de centros de detención clandestina; algunos, como el ex Arsenal, llegaron a ser el equivalente de la Esma en Buenos Aires.

Bussi fue  uno de los grandes beneficiados de la política de impunidad que se inició en el ’83. Se valió de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida para actuar políticamente, y usar los recursos del aparato del Estado para presentarse como un abanderado de la república. Aprovechó, de este modo, en su propio beneficio, la descomposición de los gobiernos de Riera, Domato y Palito Ortega.

Hoy el bussismo es una expresión inexistente, gran parte de sus referentes anidan en el gobierno de Alperovich o en la propia Legislatura. Algunos otros se han reconvertido en el arco opositor de centro derecha.

El juicio es un triunfo de la lucha popular, que ha no ha cesado en todos estos años y bajo todos los gobiernos. Sin embargo, en el inicio del juicio, Bussi protagonizó una nueva puesta en escena de ‘descompensación’ para lograr la suspensión de la audiencia.

Dentro y fuera del tribunal, estalló la indignación. “Los médicos locales no están actuando de acuerdo a las circunstancias y fue todo muy apresurado”, denunció una de las abogadas (El Tribuno, 6/8).

Alrededor del tribunal se hicieron presentes centenares de miembros de organismos de derechos humanos y de los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero, para reclamar perpetua y cárcel común para Bussi. La incertidumbre sobre el curso del juicio hace más necesario que nunca redoblar la movilización para reclamar su continuidad.