Desde el fin de semana se encuentran inundadas distintas localidades del sur de Tucumán (La Cocha, Alberdi y Graneros).  En el caso de La Madrid, el pueblo entero quedó bajo las aguas.  Lo mismo ocurre con otros poblados de la región.

 

El gobierno provincial, en un acto de hipocresía, salió a decir que los centros de evacuados están equipados y que se reserven las donaciones que se juntan en toda la provincia para cuando los afectados vuelvan a sus casas. Sin embargo, los vecinos afectados y los periodistas han dado cuenta de la situación de extrema precariedad y que necesitan mucha asistencia sobre todo en lo que hace a elementos de limpieza, repelentes y pañales.  

 

El gobierno procura minimizar la catástrofe. Así, publicó una lista distorsionada de la cantidad de evacuados. En el pueblo de La Madrid dijo que son 500 los evacuados cuando la policía, y los propios datos poblacionales ya que todo el pueblo fue afectado, arrojan que son 5000, y en toda la región ya son más de 12.000.

 

Las zonas afectadas tienen un historial de inundaciones y a medida que pasa el tiempo estas son de mayor envergadura. En el 2015, el saldo fue de varios pueblos inundados y once puentes caídos. En ese momento se declaró,  a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el estado de emergencia social, hídrica y comunitaria para todo el territorio provincial. Prometieron distintas obras que nunca se hicieron.

 

Los expertos coinciden que la inexistencia de tareas de mantenimiento en los sistemas de desagües y cauces de los ríos, los desmontes sin control y la falta de planificación en el crecimiento de las ciudades hace de Tucumán el jardín de las inundaciones.

 

Por ejemplo,  con el plan “Más Cerca” el ex gobernador José Alperovich, Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López desviaron fondos por más de $1200 millones; con la conocida partida “ayuda sociales a personas” los legisladores financiaron los acoples y la campaña del fraude por más de $600 millones.

 

A esta desidia y corruptela estatal se suma el enorme negociado montado en torno a la soja y el limón, que como en distintas zonas del país, avanzó sobre la base del desmonte y la saturación de los suelos. En las zonas arrasadas de Tucumán la soja se combina con el maíz. Incluso un concejal de La Cocha declaraba en La Gaceta (29/3) que ni siquiera se controlan y limpian los canales de las fincas.

 

En medio de la tragedia, el PRO salió a diferenciarse del gobierno provincial  denunciando “la falta de profesionalidad con la que se está manejando el gobierno provincial para llevar soluciones a los afectados por las inundaciones”. No denuncian el problema de las obras porque al hacerlo tendrían que dar explicaciones de los fondos y obras prometidas con el Plan Belgrano, que preside el radical José Cano, y que nunca llegaron.

 

Queda claro que las soluciones no van a venir de la mano del gobierno provincial y del gobierno nacional, que defienden los intereses de los terratenientes y ricachones de la provincia.

 

Ahora, es fundamental poner en pie la organización popular para asegurar la ayuda solidaria. En ese marco, se debe organizar en todos  los pueblos y regiones afectadas el reclamo de indemnización por las pérdidas sufridas y  un plan de obras bajo control de los propios trabajadores y vecinos, financiado en base a un impuesto extraordinario a los terratenientes y grandes fortunas, orientado a reponer las viviendas destruidas o afectadas, canales, caminos, limpieza, forestación de las zonas, etc. y de los eternamente prometidos diques de Potrero de las Tablas y Potrero del Clavillos.