En menos de un mes fueron asesinados Nicolás Correa y Exequiel Escobar, de 16 y 20 años.

 

Las familias denuncian la pasividad policial tanto en materia de prevención como en el desinterés que muestra la fuerza para avanzar en el esclarecimiento de las causas. De hecho, los que están asumiendo todo el peso de la investigación son los familiares de las víctimas.

 

Denunciando esta situación, los familiares y amigos se movilizaron alrededor de la Plaza principal de la ciudad e hicieron piquetes en la puerta misma de la comisaría. Allí también denunciaron que para hacer cualquier reclamo o buscar información judicial deben movilizarse hasta la fiscalía de Monteros ya que no hay ninguna en Famaillá.

 

Los Familiares han decidido marchar todos los jueves a las 20 hs exigiendo justicia

 

Frente a todos estos hechos, el manual de “seguridad” que sigue la intendenta del Frente para la Victoria, Patricia Lizarraga, tiene un solo principio: reforzar el aparato represivo. En nuestra ciudad contamos con la base de la Regional Oeste que tiene al comisario Roque González (imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público) y la Policía Municipal a cargo del ex comisario de la ciudad. Como si esto fuera poco, recientemente el gobernador Juan Manzur instaló en las cercanías de Famaillá un nuevo escuadrón de Gendarmería en la zona de Capitán Cáceres (Monteros).

 

A pesar de todo este despliegue de fuerzas represivas el delito y los crímenes gozan de buena salud. Los vecinos de Elías Pérez y cercanos a la réplica del Cabildo denuncian vivir en una zona liberada, donde se desvalijan casas, se cometen todo tipo de robos, asesinatos, como así también la distribución de drogas en las distintas barriadas de nuestra ciudad; es evidente que hay una clara connivencia entre todas las mafias que intervienen con el propio gobierno municipal y el Concejo Deliberante, que evidencian un sistema aceitado de impunidad, el cual cuenta con el apoyo incondicional de la “justicia” de turno.

 

Entonces, el despliegue represivo es sólo una pantalla. La policía aparece encubriendo el negocio narco y hasta hacen la vista gorda a la explotación sexual (hay una casa donde “trabajan” mujeres enfrente de la réplica de la plaza del Vaticano) y al trabajo esclavo (como es el caso de un taller clandestino de costura, o de trabajadores en la cosecha del limón, etc).  

 

Los Orellana y los Salomón, que son los barones políticos en la zona, están planteando implementar cámaras de seguridad en un municipio donde la policía ni siquiera te atiende el teléfono.  

 

Para luchar contra la inseguridad y la descomposición política del municipio, necesitamos organizarnos de manera independiente del Estado y sus partidos. Pongamos en pie una comisión de familiares y victimas para desarrollar una lucha consecuente  y sistemática contra la impunidad por el control popular de las comisarías, la apertura de sus libros. Coordinemos la reacción popular con la de otros pueblos y ciudades y luchemos por la elección popular con principio de revocabilidad de jueces y fiscales.