20/07/2020

Tucumán: fuera el represor Maley

La movilización policial durante la cuarentena atenta aún más contra los tucumanos.

El gobierno tucumano de Juan Manzur ha optado por darle rienda suelta a la represión policial. Y su ministro de Seguridad, el ex gendarme Claudio Maley, es el instrumentador de esta política.

Un historial de represión y delitos

El historial de la Policía de Tucumán ha estado siempre relacionado con los excesos, con el gatillo fácil y con complicidad con la delincuencia. Maley llegó hace unos tres años, supuestamente a terminar con ese estigma en la Policía. Pero no ha hecho más que acrecentarlo y empoderar a una fuerza al servicio de proteger a los poderosos y de reprimir a las clases trabajadores. El ex gendarme llega al cargo como parte de una devolución de favores con Manzur: en el 2015, el actual ministro se hizo cargo de “custodiar” las urnas después de la escandalosa y fraudulenta elección que puso a aquel como gobernador; las grabaciones de las cámaras de seguridad donde estaban las urnas se perdieron, y Maley le echó la culpa a la Junta Electoral.

El aumento de fuerzas policiales en la provincia en los últimos años no ha impedido el incremento exponencial del delito. La policía no está para cuidarnos; y Maley, mucho menos.

En el período en que viene desempeñando su cargo se produjeron numerosos asesinatos ejecutados o facilitados por policías, como los de Jalil Juárez, de Alexis Noguera, de Víctor Raúl Robles o de Facundo Ferreira, un niño de 12 años, víctima de la “doctrina Chocobar”. Este año se sumaron los crímenes de Luis Espinoza y de Ceferino Nadal, entre otros. En esos casos la policía actuó directamente para que se cometieran esos asesinatos.

Los resonantes casos de abusos policiales que se dieron durante la gestión de Maley no agotan en lo más mínimo el prontuario de la Policía provincial. Esta fuerza no solo no está al servicio de cuidar a los trabajadores, sino que ni siquiera está para combatir el delito. Pruebas de ello sobran. Junto con la Justicia, han encubierto y entorpecido sistemáticamente el esclarecimiento del asesinato de Paulina Lebbos; los condenados por el encubrimiento de este crimen que no soltaron prenda sobre los asesinos: se ajustan a los pactos mafiosos y a las cajas paralelas de la Policía. Luego de Paulina se sucedieron casos como los de Ismael Lucena o de Miguel Pérez Reyes, para señalar los más recientes.

Está claro que la “doctrina Chocobar” y los abusos policiales no son exclusiva propiedad de la dupla Manzur-Maley; vienen de mucho antes y se refuerzan día a día. En las disputas domesticas del propio gobierno hay sectores que plantean expulsar al ministro para continuar con la misma política. Desde el Partido Obrero rechazamos el recambio de ministros planteado al interior del PJ, por tratarse de un simple cambio de figuritas con la misma orientación social.

Pobreza y desocupación

La pobreza en la provincia no baja hoy del 50%. Los números anteriores a la cuarentena ya mostraban una desocupación récord en relación con el resto del país. Y esta no ha hecho más que agravarse con los despidos en el comercio, en la construcción y en sectores de la industria. El gobierno y ciertos grupos empresarios han utilizado la pandemia como excusa para saltearse las paritarias. Miles de trabajadores siguen cobrando los mismos salarios de hace más de un año, con una inflación que ronda el 50%. Los despidos y las suspensiones están a la orden del día, a pesar de estar “prohibidos” por Alberto Fernández. La crisis es descargada con toda crueldad sobre los trabajadores.

Como respuesta a la agudización de la crisis, el dúo Manzur-Maley aumenta la persecución y la represión, para intentar “contener” un posible estallido social. Cotidianamente aparecen denuncias de represiones en los barrios o contra trabajadores. El agravamiento de la crisis económica y las consecuencias que traerá el nuevo acuerdo con los fondos buitre serán sostenidos con más represión, como parte de un pacto social que ya está en marcha.

Manzur, Maley y la oposición

Durante los últimos días, desde distintos sectores de la oposición han salido a exigir la renuncia del ministro Maley. En Cambiemos -fuerza que avaló durante años la represión estatal de la mano de Patricia Bullrich- se presentan ofendidos por el accionar de Manzur y de Maley. Lo cierto es que dentro de sus intereses no está el desmantelamiento de los aparatos represivos; solo recurren a la demagogia, explotando un malestar popular contra la policía provincial y contra su mandante.

Desde el Colegio de Abogados también salieron a exigir la renuncia de Maley, luego que se diera a conocer un video donde se ve claramente a oficiales de una comisaría que golpean y encarcelan a un abogado matriculado. Los abusos en las comisarías son moneda corriente en la provincia: las seccionales -sobre todo, las del interior- son tierra de nadie para quien quiera presentar alguna denuncia.

Espinoza y Nadal

Las muertes de Luis Espinoza y de Ceferino Nadal y el posterior desarrollo que han tenido las causas, pintan de cuerpo entero la relación de la policía con la Justicia y con el Estado. Los familiares de Nadal han denunciado recientemente que las investigaciones están estancadas; 20 días después de su muerte todavía no declararon los policías implicados y al día de hoy no se tiene conocimiento de los resultados de los estudios forenses complementarios, prueba vital para confirmar que Ceferino fue asfixiado por un policía a sabiendas de lo que hacía.

En cuanto a Espinoza, los familiares denunciaron recientemente que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, les ofreció distintas prebendas para que no intervengan en la investigación y para que desestimen denuncias. Y que un civil implicado fue puesto en libertad.

Estos casos, como muchos otros, muestran claramente la asociación ilícita que encubre delincuentes y que se ampara a sí misma, salvaguardando los negocios capitalistas espurios en los que están implicados. Los tres poderes actúan en forma conjunta para proteger sus intereses. Es el Estado al servicio de sostener el orden imperante contra los trabajadores.

Plenario nacional contra la represión.

La tesis con la que el gobierno intenta defender a Maley es la ya conocida de los “casos aislados”. Se repite hasta el cansancio: “no es la Policía, son algunos policías”. Pero esta defensa no se condice con la realidad de una fuerza corrompida por donde se la mire. Rechazamos los argumentos gubernamentales de “los excesos de algunos elementos de las fuerzas”. Se trata de un intento por evadir la responsabilidad del conjunto del aparato represivo y de sus responsables políticos inmediatos.

Maley es el responsable directo de cada atropello de la policía provincial. Es responsable por las muertes de Ceferino Nadal y de Luis Espinoza. Es responsable por la represión en los barrios, por la aplicación de la “doctrina Chocobar” contra la juventud, por la represión y el espionaje a los trabajadores y por cada uno de los “excesos de la fuerza”.

Llamamos a organizar colectivamente un plenario nacional contra la represión, que unifique el conjunto de los reclamos y exigencias de los familiares y amigos de las víctimas de gatillo fácil: por el juicio y castigo a los asesinos de Espinoza y de Nadal, por el esclarecimiento de todos los crímenes impunes, por el desmantelamiento de los aparatos represivos, y por el esclarecimiento del crimen de Paulina Lebbos.

De esta manera, estaremos cobrando nueva fuerza para avanzar en esta lucha y en todas las luchas que los trabajadores tenemos por delante para que la crisis la paguen los capitalistas.

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