La cuarentena es imposible de levantar en provincias como Tucumán dijo Alberto Fernández el pasado viernes. Algo que compartimos, pero: ¿quién pagará el costo del #QuedateEnCasa?

La deuda supera los $20 mil millones

En noviembre del año pasado Manzur tuvo que recurrir al “banquero peronista” Jorge Brito para pagar los salarios estatales tomando un préstamo de $3.000 millones. En enero de este año tuvo que solicitar un auxilio financiero al gobierno nacional que le transfirió $1.000 millones como adelanto de futuras coparticipaciones para cubrir “gastos de funcionamiento”, en marzo firmó un nuevo convenio con el FFDP para obtener fondos nacionales por $1.300 millones, en los primeros días de abril tuvo que “volver” a solicitar al agente financiero oficial “Banco Macro” una autorización para girar en descubierto $4.000 millones y pagar salarios. Es sabido que recurrir al usurero sobre todo en momentos de urgencia, no sale nada gratis. Solo en 2019 la provincia pagó por intereses de deuda más de $2.125 millones, dicha partida en el presupuesto de 2020 tuvo un incremento del 583%. 

De los $20 mil millones recientemente distribuidos por Fernández para socorrer a las provincias, le corresponderían a Tucumán unos $2.300 (aunque todavía no queda claro el criterio de distribución) y al día de hoy existen versiones cruzada entre el ministro de economía nacional y provincial respecto a si los casi $1.300 millones recibidos forman parte o no de ese paquete.

La abrupta caída de la recaudación nacional producto de la recesión implica directamente menores ingresos por coparticipación federal de impuestos: como IVA y ganancias, que recibe la provincia. En el primer trimestre le correspondieron alrededor de $20 mil millones, es decir, que ni siquiera fueron suficientes para pagar los sueldos de unos 110 mil trabajadores que dependen directamente del gobierno provincial y para los cuales se necesitan $7.500 millones mensuales.

Al mismo tiempo, los cierres o la imposibilidad de abrir y/o de operar normalmente de diferentes empresas y comercios seguirán reflejando una caída muy importante en las ventas. Esto golpea la principal fuente de recaudación local, el impuesto sobre los ingresos brutos, que significan alrededor de $2.500 millones mensuales. Si se cumplen las estimaciones locales y se reducen en un 25%, la pérdida por este impuesto rondaría los $625 millones. Esto también se traduce en pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y recortes de sueldos de hasta un 50%. La prohibición de despidos y suspensiones decretada por el gobierno es vulnerada en sociedad por empresarios, por el propio gobierno “nacional y popular” y la burocracia sindical.

La limitada asistencia nacional del IFE, que alcanza a menos de 360 mil tucumanos, no es suficiente para dar respuesta a los más de 425 mil trabajadores que viven con lo que generan diariamente, informales, cuentapropistas y desocupados. Con una canasta básica en el orden de los $41 mil los $10 mil ofrecidos por el gobierno serán abonados a más de 30 días de la cuarentena y servirán para cubrir deudas. 

En el panorama para los meses siguientes se vislumbra una mayor caída en la recaudación fiscal y de divisas. El poder de emisión que sostiene el BCRA y que lo llevó a imprimir una cifra histórica de billetes durante marzo sirvieron para pagar deuda principalmente y asistir a las provincias alimentando así las tendencias inflacionarias y devaluatorias. 

Desde el Partido Obrero consideramos urgente la necesidad de crear un fondo especial de emergencia que permita dar respuesta a la creciente demanda sanitaria, económica y social. Es por esto que planteamos establecer un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas, terratenientes, ganancias bancarias y viviendas ociosas. 

Pongamos en marcha un programa integral de los trabajadores que nos permita enfrentar realmente la pandemia y el default porque todos nos queremos quedar en casa.