El gobierno provincial cerró el año envuelto en una crisis mayúscula, resultante del fallo absolutorio a todos los imputados en el juicio por el caso Marita Verón. Se vio forzado a remover la cúpula del Ministerio de Seguridad, a echar al subjefe de Policía (enfrentado con el jefe) y a remover unos 200 oficiales y suboficiales. Simultáneamente, decidió impulsar un Jury de enjuiciamiento del Tribunal. En la base policial hay un mar de fondo por la cuestión salarial.

Con estas iniciativas y el apoyo de la Fundación que preside Susana Trimarco, Alperovich logró ganar algo de tiempo. El 26 de febrero, en oportunidad de cumplirse el 7º aniversario del crimen de Paulina Lebbos, se ha convocado a un acto de repudio al gobierno.

Por otro lado, el gobierno no logra una salida al pago de la deuda pública dolarizada. La propuesta de un rescate anticipado en dólares con una quita del 50 al 60%, sólo logró la adhesión de un 18% y del 13% para los diversos bonos. Aunque el monto total de las deudas dolarizadas apenas supera los 50 millones de dólares, el gobierno no cuenta con ellos, por lo que piensa pesificar compulsivamente a los que no ingresen al canje.

En el sector azucarero se ha acumulado un enorme stock de 400 mil toneladas, que puede duplicarse con la nueva zafra, debido al parate de la exportación. Los precios han caído a 135 pesos la bolsa, cuando a comienzos de la zafra pasada estaban a 200. Alperovich quiere obligar a los ingenios a exportar el excedente y a cumplir con el abastecimiento de alcohol. El secretario general de la Fotia, Palina, denunció que los ingenios no quieren fabricar alcohol directamente de la caña, sino como derivado de la producción de azúcar, usando la melaza, lo que aumenta las ganancias pero con volúmenes de producción menores. Todo esto perjudicará a los trabajadores del sector.

En este cuadro, el gobierno nacional decidió puentear a los gobernadores, para manejarse directamente con los intendentes y demás autoridades comunales. Es una presión para meter gente en las listas electorales. Todos los medios coinciden en poner a Susana Trimarco como cabeza K. Una lluvia de denuncias de corrupción afecta a los principales funcionarios.

La oposición puso en pie la “Mesa del Dialogo”, liderada por la UCR y que reúne desde el PRO al PS, la Coalición Cívica, Democracia Cristiana, Libres del Sur, el PCR, la CTA y la CTA moyanista. Enseguida, el PCR declaró que no formaría ningún frente electoral con los bussistas y la UCR. Hay en marcha una interna en la UCR, que amenaza con partirla.

“La Mesa del Diálogo” lanzó una campaña contra la impunidad para copar la jornada del 26 de febrero, pero le da la espalda a las marchas que todas las semanas realiza la Comisión de Familiares. También ha cerrado filas con los legisladores alperovichistas para aumentar un 36% las dietas legislativas; así como para defender a un reconocido concejal de la UCR en el municipio de Yerba Buena, imputado por corrupción.

En este escenario de disputas políticas, defendemos el desarrollo del frente de la izquierda.

Hemos iniciado una campaña política para clarificar entre los sectores luchadores y los agrupamientos que vienen al campo de la izquierda, en especial del movimiento obrero.