16/05/2020

Tucumán: ley “antimotochorro”, un engendro para reforzar el aparato represivo

En medio de la cuarentena, la legislatura tucumana se apresta a sesionar la próxima semana. Entre los proyectos que han tenido el visto bueno de las comisiones se encuentra la llamada ley “antimotochorro”. La misma, impulsada por Vargas Aignasse, un títere del gobernador, es un rejunte de prohibiciones sin ton ni son que pretenden hacer a la policía juez y parte para decidir a quién se le secuestra el vehículo y a quién no. Para justificar la iniciativa, el autor del proyecto se apoya en la creciente inseguridad que sufren sobre todos los trabajadores en las barriadas populares.


Los robos llevados a cabo en motocicletas son moneda corriente y se encuentran en crecimiento. Vargas Aignasse planteó en un matutino local: “tenemos que resolver este problema. Veníamos trabajando sobre esta cuestión antes de la cuarentena. Advertimos que la policía ha tenido mucho que ver en el éxito de la primera etapa del aislamiento social. La fuerza de seguridad ha recuperado en ese periodo autoridad, y la ejerció adecuadamente y de manera coordinada con el Ministerio Publico Fiscal (MPF), representó una ayuda para la sociedad” (La Gaceta Online 13/5). Sus dichos son la contracara de la realidad. Hemos denunciado en otro artículo el avance represivo en la provincia aprovechando las potestades que se le dio a las fuerzas de seguridad incluido el cobro de coimas para no detener a personas que circulaban violando la cuarentena.


El proyecto de ley, que coarta la libertad de tránsito garantizada expresamente por la Constitución, pretende que, en el rango horario de las 21hs hasta el 6 hs, la policía pueda determinar, en el lugar del retén o control, si existe una urgencia que justifique que circulen dos personas en moto. La policía que cobra coimas para violar la cuarentena es la que debe decidir qué es una urgencia y que no. Vargas Aignasse les quiere dar más poder que a los jueces y fiscales.


Otro de los puntos salientes del proyecto es la obligatoriedad de colocarle a los vehículos GPS (por cuenta del propietario) para que la policía tenga control sobre la ubicación de los rodados. Un golpe al bolsillo de la gran cantidad de personas que utilizan ese medio de traslado ante el derrumbe del transporte público. Con la cantidad de efectivos involucrados en delitos de toda índole, no sería descabellado pensar que utilizarán esta base de datos para liberar zonas y atacar a los conductores para despojarlos de sus motos.


El impresentable proyecto tiene por objeto reforzar el aparato represivo aprovechando la pandemia. Desde el Partido Obrero ya venimos denunciando esta situación. Además, le garantiza una futura caja negra a la policía que será la encargada de los secuestros de vehículos y las respectivas coimas. Nada de eso impedirá que continúen los motoarrebatos.


Vargas Aignasse no está preocupado por los delitos. No abrió la boca en 2015 cuando fue parte de la legislatura que en el periodo anterior recibió valijas con 615 millones para “gastos sociales” que se repartían entre oficialistas y opositores. Dicha causa luego fue convenientemente cerrada sin que se haya avanzado en la investigación. El legislador se mira en el espejo cuando se queja de la delincuencia en la provincia. Tampoco es un planteo original. En 2017 un proyecto similar fue presentado por el secretario de Seguridad, Paul Hofer, que fue desechado en las comisiones. En 2018 se modificó el código procesal penal para agravar la condición de los detenidos por cometer ilícitos en motos.


La inseguridad viene desde arriba. Funcionarios y comisarios liberando zonas para el robo y el narco es una constante. El proyecto de referencia no hace más que poner el zorro a cuidar a las gallinas. No hay nada más concreto y práctico que disolver el aparato represivo como medida elemental para empezar a discutir como superamos la inseguridad en los barrios.



 

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