En Tucumán se encuentra en proceso de instrucción judicial una "megacausa" por el Operativo Independencia. Tras estallar el escándalo por su designación, Milani se presentó espontáneamente en los tribunales tucumanos a declarar su inocencia. En sus declaraciones, Milani destacó que sus tareas en esos años en Tucumán fueron pintar y construir escuelas o caminos.

Simultáneamente, los abogados de la fiscalía que siguen esta megacausa salieron a defender rabiosamente la designación del represor. Llegaron a plantear la defensa del Ejército como institución y que el rango de oficial de inferior jerarquía que detentaba Milani en 1974 era un elemento atenuante. De allí a defender la "obediencia debida" hay un solo paso.

De todos modos, Ricardo Bussi, hijo del fallecido genocida, puso en jaque todos estos argumentos cuando en una carta pública señaló que su padre, Domingo Bussi, consideraba a Milani como "uno de sus subordinados más comprometidos".

En la causa del Operativo Independencia, con la excepción del pedido de indagatoria a Isabel Perón (rechazado por el juez), la fiscalía no involucró en la causa a ningún responsable civil con cargos gubernamentales (ministros, diputados, jueces, gobernadores y funcionarios provinciales). Es un encubrimiento descarado: el Operativo Independencia fue ordenado por un gobierno 'democrático', sobre la base de decretos firmados por el Ejecutivo de la Nación: Isabelita, Luder, Cafiero, Ruckauf, los que luego fueron ratificados por el Congreso de la Nación.

El encubrimiento kirchnerista no es el resultado de una preocupación ideológica, sino práctica: buscan rescatar al numeroso personal civil y militar que, como Milani, participó en el accionar represivo y sigue cumpliendo funciones políticas en la actualidad. Entre ellos hay numerosos burócratas sindicales y dirigentes del PJ.

Ese es el penoso final de la verborragia kirchnerista sobre derechos humanos.