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Se están produciendo una serie de ocupaciones de tierras en distintas localidades del departamento de Cruz Alta, una de las zonas de más alta concentración obrera del país. Todo comenzó el último domingo de julio, cuando un conjunto de familias se instalaron en carpa en un terreno en la zona lindante de la Banda del Río Salí y Alderetes. A las pocas horas los ocupantes eran 500; y en los días sucesivos llegaron a 1.500 familias.

Según Atanor -empresa dueña del Ingenio Concepción-, esos terrenos le pertenecen; e inmediatamente presentó una denuncia penal. Según los ocupantes, los terrenos son arrendados por Atanor, pero esta nunca habría pagado los impuestos y señalaron que no tienen donde vivir, que no pueden seguir hacinados -viven tres o cuatro familias en una misma casa-, que la mayoría apoyó a Alperovich en las últimas elecciones, pero que las promesas de planes de viviendas no se cumplen. Esta toma es la mayor que se registra en los últimos años en la provincia y rápidamente impactó en otras zonas. A los pocos días otras 350 familias ocuparon un terreno del ingenio San Juan, y otra menor en la zona de la comuna de Las Cejas.

En la toma aparecieron carteles y banderines de La Cámpora y de Kolina, que están explotando la crisis habitacional como parte de su interna con Alperovich. El gobierno ha quedado momentáneamente paralizado; espera que la Justicia tome cartas en el asunto. Se trata de una brasa ardiente, porque los ocupantes han declarado que van a resistir cualquier desalojo.

Algunos medios azuzan un rápido desalojo, para evitar una ola de ocupaciones en toda la provincia. No es descabellado este pronóstico, pues en la provincia los planes de vivienda van por detrás del crecimiento demográfico y, en algunas localidades -como Alderetes o como Banda del Río Salí-, el crecimiento poblacional ha sido explosivo en los últimos años. El gobierno hizo alharaca con la construcción con fondos federales de Lomas del Tafi, una suerte de nueva "ciudad" de 5.000 viviendas entre Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán; pero es una gota en el océano de necesidades y donde los beneficiarios han sido sectores asalariados jerarquizados o clase media y una gran cantidad de acomodados -punteros, burócratas, funcionarios- que ya tenían vivienda.

Los actuales ocupantes declaran que los terrenos hace unos años salían 5.000 pesos, pero ahora han subido a 50.000 y que con los actuales salarios -que promedian los 3.000 pesos- y el hecho de que la mayoría tiene trabajo temporario -en el citrus o en los ingenios- resulta imposible acceder a terrenos a esos valores, aunque declararon que están dispuestos a discutir un plan de compra accesible a sus ingresos reales.

La ocupación es vista con gran simpatía en los barrios aledaños, donde viven muchos de los familiares de los ocupantes. Entre estos últimos hay cierto caos, porque aparecen diversos sectores realizando gestiones con diferentes abogados y diferentes referentes. Para superar cualquier divisionismo, un grupo de ocupantes está impulsando la formación de un cuerpo de delegados, la realización de asambleas e incluso la idea de constituir una coordinadora de sin techo para tomar decisiones de conjunto.

El Partido Obrero, que está interviniendo en esta lucha vital, ha planteado la necesidad de un censo general de familias sin techo en la provincia, una política de expropiación de terrenos pertenecientes a los ingenios, a los grandes cañeros, a las citrícolas, etcétera, para poner en marcha un plan de viviendas bajo control obrero, cuyas cuotas no superen el 10% de los salarios.

Por un plan de urbanización -agua potable, luz, gas- a cargo del gobierno. Por un impuesto de emergencia a las ganancias de los ingenios y a las grandes fortunas para financiarlo.