Por la cantidad de víctimas —unas 200 al año— muchas de ellas fatales, y por las secuelas que deja en víctimas directas e indirectas, la ruta 38 en el sur de la provincia es otro Cromañon. Los gobiernos que deben encargarse de la seguridad en las rutas sólo se acuerdan de su responsabilidad cuando los piqueteros salimos a disputarles ese espacio de poder, como ocurrió hace muy poco con los cortes de los trabajadores del citrus.

Esto se tiene que acabar. Así lo entendieron los familiares del bioquímico Luis Gerardo Bravo, de La Cocha, quien falleció al caer al Arroyo el Sueño el 8 de mayo de 2003 porque el puente se había desplomado desbordado por la creciente. Los que tenían que garantizar medidas de seguridad para evitar cualquier accidente —la por entonces intendenta de La Cocha y actual diputada nacional, Susana Díaz (PJ) y oficiales de policía— nunca lo hicieron a pesar de haber sido alertados varias horas antes.

Como la causa está a punto de prescribir, se han multiplicado las iniciativas de movilización para que avance el juicio iniciado contra Susana Díaz y los policías involucrados en esta muerte.

En ese sentido, se ha realizado una importante marcha de 500 personas el 27 de mayo sobre los Tribunales de la ciudad de Concepción. El Polo Obrero participó con una columna de 250 compañeros de diferentes localidades del sur de la provincia. Entre los presentes estaban familiares de la víctimas del accidente del Totoral, que tuvo varias decenas de víctimas y cuyos responsables políticos han quedado sin juicio alguno.

La lucha contra la impunidad en todos los planos se debe profundizar. Incluso se debe exigir el esclarecimiento del destino de los fondos que recibió el anterior gobierno de Miranda y el actual gobierno de Alperovich para la construcción de la autopista en el sur, obra que ni siquiera se comenzó.