Veinticinco mil candidatos, 500 partidos provinciales, municipales y comunales van a participar en las próximas elecciones provinciales del 23 de agosto, donde se renuevan todos los cargos políticos provinciales, municipales y comunales. Sólo se presentan ocho candidatos a gobernador, lo que significa que las 490 fuerzas restantes lo hacen en calidad de acoples, o sea partidos que presentan listas legislativas provinciales o municipales, pero apoyan a un mismo candidato a gobernador o a intendentes. El alperovichismo, con la candidatura de Manzur-Jaldo, y el Acuerdo del Bicentenario, con la candidatura de Cano-Amaya, dieron rienda suelta a la formación de partidos acoplados como forma de contener todo tipo de tendencias y forzar por esta vía una polarización trucha de las elecciones. Como ocurrió en 2011, todos esos acoples desaparecieron pasadas las elecciones mostrando que son sellos creados artificiosamente.

 

En este contexto, ya hay municipios donde en el cuarto oscuro habrá 150 boletas. En la capital serán 70. Los votos son todos en blanco y negro y, por lo tanto, todos parecidos, imposible de encontrar para quien no lleve el voto con antelación. Todos los partidos y acoples están autorizados a designar fiscales de mesa, por lo cual las escuelas van a estar inundadas de verdaderas patotas fiscalizadoras como ocurrió en 2011. Cada mesa se estima va a estar ocupada, entre 50 y 100 fiscales y ya hay una campaña de caza de fiscales donde los acoples ofrecen hasta 1.000 pesos para ocupar esa función. Los presidentes de mesa, por su lado, surgen de un mecanismo de voluntariados, o sea que desde la Junta Electoral han convocado a las personas a que se anoten quienes quieren presidir una mesa. Desde el gobierno han dado orden a los punteros a anotarse y ocupar una posición clave del acto comicial. Como no se van a emitir certificados de escrutinio y como se calcula que el escrutinio pueda terminar en horas de la madrugada, todo el conteo de los votos va a estar expuesto a todo tipo de arbitrariedad.

 

En todo este marco electoral fraudulento, la Junta Electoral de tres miembros ha sido cuestionada, pues dos de ellos responden a las directivas del gobierno provincial y sus familiares forman parte o integran acoples oficiales. Por su parte, la Justicia provincial, haciendo lugar a un reclamo del PRO, ha prohibido el voto joven, o sea la participación de los jóvenes de 16 y 17 años.

 

En este escenario, el Frente de Izquierda se presenta con una lista encabezada por Daniel Blanco (dirigente del Partido Obrero) a gobernador y Juan Luis Veliz (dirigente del PTS) a vice. El Frente de Izquierda se presenta con lista completa en las tres secciones electorales en que se divide la provincia, en ocho intendencias y en doce comunas (diez de ellas están conformadas sólo por candidatos del PO).

 

La campaña del Frente de Izquierda está motorizada casi exclusivamente por el Partido Obrero. El PTS juega en contra. Sus apariciones mediáticas, incluso de candidatos provinciales, en las que vamos unidos, las han usado para hacer faccionalismo contra el PO, teniendo presente las Paso, llegando al extremo y al ridículo faccional de proceder con esa metodología en la conferencia de prensa que se había convocado para hacer la presentación de las formulas del Frente para las provinciales.

 

El PTS, en estas semanas, tuvo la visita de Del Caño y luego de Bregman, quienes ignoraron las elecciones provinciales de la misma manera que ignoraron la huelga docente universitaria, simplemente porque la conducción de Adiunt está en manos de reconocidos dirigentes del PO. Se dedicaron a desplegar mentiras faccionales contra el PO.

 

Desde el Partido Obrero estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar una gran votación al Frente de Izquierda en las Paso. Nuestro cierre de campaña se va a realizar este miércoles bajo una gran movilización solidaria en apoyo a la huelga docente universitaria. En simultáneo, estamos desplegando una enorme agitación contra los candidatos del ajuste y la impunidad, o sea Manzur-Jaldo y Cano-Amaya, destacando la agenda de los trabajadores, apuntando a asegurar que en todas las zonas de intervención e influencia política los electores tengan los votos en sus manos antes del 23 y en ese marco avanzar en el objetivo de cubrir cada mesa de votación con un fiscal.