El lunes 29 se produjo un amotinamiento de detenidos en la Brigada de Investigaciones Norte de la policía de Tucumán. En la protesta, con quema de colchones, murieron dos reclusos y otros 14 tuvieron que ser internados.

El hecho ha provocado una crisis política.

 

Según los bomberos que intervinieron reinaban la precariedad y el hacinamiento (18 presos en un calabozo, entre los cuales había contraventores).

 

Lourdes Gallardo (hermana de uno de los fallecidos) señaló que el motín que derivó en el incendio comenzó porque los policías se habrían negado a darles las pastillas que consumen habitualmente (La Gaceta, 30/6).

Lourdes Gallardo aseguró, además, que su familia está vinculada con la policía. “Seis de mis siete hermanos roban para la policía (…) Tengo un video en el que un comisario me dice: ‘quedate tranquila, si vos sabés que con vos arreglamos siempre’” (ídem).

 

Todos estos hechos han motivado a dos fiscales a presentar un habeas corpus colectivo para que se declare la emergencia carcelaria y el gobierno traslade los presos a unidades carcelarias. Los fiscales denunciaron que el gobierno no cumple con la ley 24.660 (régimen carcelario) ni con una acordada de la Corte que prohíbe alojar a los presos en comisarías.

 

En este momento, son casi un millar los presos que están recluidos en diversas comisarías a lo largo y ancho de la provincia en condiciones infrahumanas, durante este tiempo han surgido innumerables denuncias sobre torturas en la comisarías, de casos de presos que entran y salen, evidentemente para robar para la policía, o que desaparecen o que son usados para alertar a los propios delincuentes en connivencia con las bandas.

 

La policía sigue usando la ley de contravenciones dictada en época de la dictadura y que ha sido cuestionada hasta por la Corte Suprema de la Nación en 2010 y es uno de los mecanismos con los cuales todas las comisarías hacen “caja” los fines de semana.

 

En todos los casos resonantes la policía aparece involucrada: caso Paulina, Pamela Laime, Ismael Lucena, como encubridores o como asesinos de gatillo fácil.

 

Con justa razón, las movilizaciones a las comisarías denunciando a los comisarios y a sus subordinados se han multiplicado.

 

El gobernador Alperovich ha respondido que en seis meses podría evacuar en tandas a los presos de las comisarías.

 

Por lo pronto, el gobierno quiere salir de la tormenta con promesas.

 

Desde el Partido Obrero planteamos que la policía, el Servicio Penitenciario y los servicios de inteligencias (D2) deben ser desmantelados. Se debe anular la ley de contravenciones. Se debe poner todas las comisarías y la propia cárcel bajo control de las organizaciones de derechos humanos y populares, interesadas en rescatar a todos aquellos que han caído en conductas y acciones antisociales, para lo cual la cárcel debe contar con personal y equipamiento destinados a esos fines. Se debe reglamentar la ley del adicto y quintuplicar el actual presupuesto para su atención gratuita.

 

Esta política sólo es sostenida por el Frente de Izquierda, en contraste cTon los cambios de maquillaje que impulsa la oposición radical-amayista-macrista del Acuerdo del Bicentenario, e inclusive la que propone la izquierda trucha de Parajón y los morenistas del MST, que proponen volver a darles vida a los viejos comisarios; todos ellos, cuando estuvieron en actividad, también fueron denunciados por lo mismo que se denuncia a los actuales jefes.