El año 2013 se cierra con un escenario de crisis y disgregación del gobierno, con numerosos ataques a los trabajadores y un proceso de lucha que, si bien no ha adquirido una característica general, tiende a desarrollarse en esa perspectiva.

 

El 18 de diciembre, más de 2.500 trabajadores de Atsa, ATE, municipales del interior, Autoconvocados de la Salud y docentes se concentraron para reclamar el adelantamiento de las paritarias y un bono navideño de 2.000 pesos.

 

Estos reclamos estuvieron acicateados por el aumento del 35% logrado por la policía, que llevó el salario inicial de bolsillo del agente recién ingresado a 8.700 pesos.

 

El 19, la marcha reunió alrededor de 3.500 personas convocadas por el PO, PCR, MST, el Frente Darío Santillán y la CTA. Estuvo encabezada por Alberto Lebbos y una delegación de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. El PTS, después de hacer propaganda en contra y de intentar convocar a una movilización separada para el día 20, terminó sumándose con una presencia raquítica.

 

La respuesta del gobierno fue que los acuerdos paritarios vencen en marzo y que recién en esa fecha se iba a abrir la discusión salarial. El ninguneo del gobierno empujó a los gremios a adoptar nuevas medidas. En los días subsiguientes, se concretaron numerosos cortes de rutas y accesos a la capital, y el viernes 27 se volvió a concretar una nueva e importante concentración en la Plaza Independencia.

 

Una crisis a todo vapor

 

Luego de la revuelta policial y la gran pueblada del miércoles 11 (que repudió por igual a la policía y al gobierno), Alperovich convocó al congreso del PJ para que emitiera un pronunciamiento de apoyo al gobierno. Pero faltaron casi la mitad de los congresales y entre los concurrentes hubo fuertes denuncias a la inoperancia de los funcionarios.

 

Cerrando el año, el oficialismo reunió la Legislatura para aprobar una modificación del denominado “pacto social” con los municipios. A través de este “pacto”, vigente desde hace años, los municipios renuncian a sus recursos coparticipables a cambio de que la provincia se haga cargo de sus deudas, de los fondos para obras y hasta de pagar los sueldos de los municipales. Este pacto, que se renovaba anualmente, ahora va a ser mensual, lo que servirá para reforzar el control sobre los intendentes y concejos cuando se está produciendo un desbande de las filas alperovichistas.

 

Paulina, Marita

 

En el centro de la crisis política, están los casos de Paulina Lebbos y Marita Verón, que arrojan luz sobre el entrelazamiento del poder, la policía y la Justicia con los negocios mafiosos del juego, la trata y la prostitución.

 

El fallo que condenó por encubrimiento agravado a los policías involucrados en el hallazgo del cadáver de Paulina ha sido un golpe feroz al gobierno de Alperovich. Es que todos los funcionarios policiales y políticos condenados e imputados han sido protegidos por el gobierno. Otro que ya estaba cuestionado, el fiscal Albaca, a cargo de la causa durante siete años, viendo que se le venía la noche, renunció a la Justicia para jubilarse. Lebbos denunció esta renuncia -y que Alperovich la haya aceptado- como una acción dirigida a impedir que el crimen pueda ser efectivamente esclarecido. A su vez, la Corte decidió revocar el fallo absolutorio sobre el caso Marita Verón y designó a un grupo de jueces que se encargarán de fijar la condena a todos los imputados. Todo este terremoto político, judicial y policial se da en un cuadro de descomposición y de luchas de diferentes camarillas al interior del gobierno.

 

Perspectivas

 

En medio de este principio de desbande, el gobierno debe enfrentar los reclamos salariales, así como la crisis del agua y, ahora, de la luz.

 

En este escenario, toda la oposición patronal está actuando en socorro del gobierno y el régimen político. José Cano -líder de la UCR y del Acuerdo Cívico- ha planteado al gobierno la necesidad de convocar a una mesa de diálogo. El mismo reclamo ha realizado la Iglesia. Quieren apuntalar un régimen que tiene que enfrentar los reclamos de los trabajadores con una política de ajuste.

 

En contraposición, el Partido Obrero plantea la necesidad de intervenir en la crisis para unir los reclamos de los trabajadores, de los vecinos y los derechos democráticos en una lucha común por un salario mínimo de 8.000 pesos, el pase a planta de todo el personal precarizado; un plan de obras bajo control vecinal de emergencia, que asegure la luz y el agua a la población, y la apertura de todos los archivos de la policía y del Ministerio de Seguridad para que se pueda avanzar en la investigación y el castigo a los culpables del crimen de Paulina y de todos los crímenes impunes.