El 8 de julio se concretó la segunda audiencia pública contra la impunidad en la Plaza Independencia. A diferencia de la primera audiencia, esta última fue boicoteada por todo el arco político. Todas las organizaciones que integran el Acuerdo Cívico y el Acuerdo del Bicentenario dijeron ausente, incluido Libres del Sur, que el año pasado había materializado una fuerte movilización al cierre de la actividad.

 

La alianza con Amaya, actual intendente de la Capital, y con el macrismo, conformado por bussistas reciclados, ha ido alejando al radical Juan Manuel Cano de toda demagogia relativa a las banderas que ha venido sosteniendo la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.

 

Tampoco se presentaron los agrupamientos que se referencian con Parajón (MST y PCR). En el caso del MST, llegaron al extremo del caradurismo de aprovechar el escenario y la concurrencia para repartir una declaración llamando a no perder el voto votando al Frente de Izquierda, y paralelo a ello pedir estar en la mesa de personalidades y recepción de los casos, cuestión que no se les permitió.

El PTS hizo una presencia testimonial, y los casos a los que ellos están ligados no se hicieron presentes para ser presentados en la audiencia.

 

Sólo el FPDS se hizo presente con una columna de compañeros para participar de la marcha de cierre mostrando su solidaridad con la convocatoria.

 

A pesar de este boicot generalizado, la audiencia fue una gran victoria política de la Comisión de Familiares y del Partido Obrero. La audiencia estuvo presidida por Alberto Lebbos, el diputado nacional del PO Pablo López, la diputada provincial de Santiago del Estero Andrea Ruiz y la senadora provincial salteña del PO, Gabriela Cerrano.

 

Además estuvieron en la mesa el fiscal federal Gustavo Gómez; Rayu Alaniz, de Apel; María Luján Rey, vocera de los familiares de la masacre de Once; la presidenta de la Comisión de Sobrevivientes del Sur (ex detenida de la dictadura), Marcela Romano, y Piñero, de los Familiares de Jujuy.

 

A lo largo de la audiencia, como ocurrió en la primera, fueron presentados más de 60 casos, con testimonios desgarradores de todos los órdenes, poniéndose de manifiesto en todos los casos el papel de las instituciones del Estado en los atropellos criminales o en el encubrimiento y protección de las mafias y delincuentes.

 

Pero varios familiares también denunciaron la complicidad de la oposición política que se presenta como “el cambio”, como ocurre con Cano y Amaya en Tucumán. La ronda de alegatos fue abierta por el cacique Francisco Chaile, quien junto a su comunidad fue duramente reprimido, y tanto él como varios comuneros se encuentran detenidos y procesados.

 

Hubo varios alegatos de gatillo fácil, de accidentes fruto de la precarización laboral, de violaciones ambientales, de abusos y violaciones que han sufridos mujeres.

 

Hubo varios casos que también fueron presentados el año pasado, pero ahora mostrando el estado de las causas. Uno de ellos fue el del crimen de Paulina, sobre el cual Lebbos denunció que los oficiales de policía vinculados con la comisaría de Raco, que ya fueron procesados y condenados, siguen en libertad porque han apelado las condenas. Y que todos los peces gordos (los integrantes del Ministerio de Seguridad, la ex cúpula policial y otros) que están procesados y con pruebas suficientes para ser condenados por encubrimiento agravado, siguen en libertad porque la Justicia no convoca a juicio oral, sin ninguna explicación que lo justifique.

 

Hubo una importante delegación que acompañó a la comisión directiva de Adiunt, quienes hicieron fuertes denuncias de corrupción y atropellos adelantando que el 20 de julio una asamblea general resolvería el no inicio del segundo cuatrimestre, ante la decisión de quitar el adicional de 1.000 pesos conquistado el año pasado por medio de una huelga que duró 90 días.

 

Las delegaciones de Salta, Jujuy y Santiago del Estero presentaron alegatos estremecedores del régimen de atropellos e impunidad vigente en esas provincias.

 

Varios familiares destacaron el rol del PO en la organización y la lucha en defensa de los derechos humanos.

 

En un momento eran más de 500 las personas reunidas en la audiencia, lo que llevó a Lebbos a sostener que a estas convocatorias habría que cambiarles la denominación por asambleas populares contra la impunidad.

 

 

Conclusiones

 

En el cierre, los integrantes de la mesa intervinieron con sus conclusiones. En todos los casos se coincidió en señalar la responsabilidad política de los gobiernos y de las instituciones del Estado.

 

El fiscal Gómez señaló que él era parte del sistema (refiriéndose a la Justicia) y que era necesario un sistema de referéndum por medio del cual se pueda elegir y revocar a los integrantes del Poder Judicial. 

 

En todos los casos se planteó la necesidad de consolidar y extender la formación de comisiones de familiares y la adhesión al encuentro que el 24 y 25 convocan los Familiares de Jujuy. Lebbos llamó a generalizar estas audiencias públicas al resto de las provincias. Al finalizar se concretó una marcha.

 

La lucha ahora, por todas las banderas y reclamos de las Comisiones de Familiares, sin abandonar por un minuto las iniciativas de organización y de lucha que emergen cotidianamente, se traslada directamente al campo de lucha política electoral.

 

Varios familiares de los casos más resonantes de Tucumán integran la lista de candidatos del PO en el Frente de Izquierda y, por medio de ellos, se ha logrado hacer pie en numerosas barriadas, lo que permite llevar más a fondo una agitación demostrando que sólo el Frente de Izquierda levanta la agenda de los derechos humanos y es el único interesado en desmantelar el estado de impunidad que ha forjado Alperovich con la complicidad de la oposición patronal.