La semana que acaba de pasar ha sido escenario de una ola impresionante de manifestaciones, cortes de ruta, ocupaciones y  paros. Los trabajadores rechazaban así los pagos postergados de los salarios, que en algunos casos (municipios y comunas) llegan a los tres meses; los despidos (más de 4.000 en toda la administración pública); la transferencia de la Caja; el cierre de reparticiones y la  disponibilidad de su personal, el que será jubilado y retirado “voluntariamente”.

Sólo 15 días antes, todos los grandes agrupamientos (CGT, CGT ‘auténtica’, Asamblea de Trabajadores) se hallaban completamente paralizados. Pero los municipales de la capital, que en marzo habían recibido cheques sin fondo, comenzaron a realizar manifestaciones diarias y masivas, al grito de “Paso, paso, se viene el Tucumanazo”. Luego, los estudiantes terciarios de los magisterios (IES) realizaron una manifestación coordinada contra el achique presupuestario, y ello empujó a otros colegios (Normal, Lola Mora) a ganar la calle y a organizar cuerpos de delegados, mientras en los técnicos se montaban ollas populares. El martes pasado se produjo una explosión de movilizaciones, cuando una manifestación convocada por APEN, AMET, SADOP y un sector de ATEP, con la presencia masiva de estudiantes secundarios (incluso de colegios privados y religiosos, afectados por los recortes en los subsidios) y delegaciones de padres, se unieron con otras de los municipales, que se sumaron a la manifestación docente convocada por ATEP. Coincidentemente, en varios pueblos se realizaban marchas masivas (Tafí del Valle, Simoca, la Cocha, etc.) con apoyo de la población.

En los días subsiguientes, otros sectores fueron ganando la calle: los trabajadores de Construcciones Escolares y de las comunas  amenazaron con invadir la Casa de Gobierno; algunas comunas del interior fueron ocupadas; lo mismo ocurrió con la Dirección del Agua, ante un rumor de cierre, y con el ingenio Ñuñorco, ante la incertidumbre sobre la zafra. Por su lado, los de vialidad cortaron algunas rutas ante el anuncio de privatización de las rutas provinciales.

Una crisis de fondo

Esta virtual rebelión de los trabajadores y de la juventud enfrenta a un gobierno que se cae en picada libre ante la opinión pública (una reciente encuesta de la Gazeta demostró una baja del 60% en la confianza en el gobierno); el propio Bussi insinuó que renunciaría si  la situación se agravara aún más.

El gobierno está buscando refinanciar los pasivos, que mantienen hipotecados a casi la totalidad de los fondos coparticipables (en mayo, la provincia sólo recibiría 2 millones de pesos). El gobierno ha llevado la emisión de bonos de 30 a 80 millones de pesos, ha emitido otros 75 millones en cheques diferidos (con los que pagó octubre pasado y el medio aguinaldo). A partir de abril tiene que rescatar mensualmente una parte de los mismos, al igual (pero cada tres meses) que los bonos Independencia, emitidos bajo la Intervención Federal. El descalabro financiero ha llevado al cierre de los comedores escolares, al atraso y rebaja general de los salarios y de las jubilaciones, al vaciamiento hospitalario; el gobierno sólo garantiza, y con atraso salarial, el funcionamiento de la policía. El Banco Provincia permanece cerrado, y de apuro se está armando un nuevo negociado privatizador (que dejaría a dos tercios del personal afuera). Una comisión legislativa acaba de enviar a la justicia un informe sobre la privatización del agua, que podría mandar en cana a varios funcionarios del actual gobierno, del anterior y al propio Ortega, y llevar a la anulación de la privatización.

La bancarrota financiera del Estado tiene su correlato en la bancarrota industrial y agraria (el ingenio San Pablo fue liquidado definitivamente, y hay otros tres ingenios que no molerían este año), afectados por el enorme endeudamiento, la falta de crédito y la recesión generalizada. Esto es aprovechado por las patronales para disminuir los salarios y despedir.

Aunque todas las bancadas (UCR, FE y PJ, FR) votaron recientemente un paquetazo de ‘ajustes’, y la Suprema Corte convalidó el traspaso de la Caja, el giro que está tomando la situación está obligando a todo el mundo a reubicarse. Lo mismo está ocurriendo con los burócratas sindicales.

Paso, paso, se viene …

Impulsada por la Asamblea de Trabajadores (ATEP, ATE, etc.), se está organizando una marcha desde el interior a la Plaza Independencia para el próximo 17 de mayo. Cuenta con el apoyo del CTA, del MTA, de la CGT ‘auténtica’ y de la CGT.

Pero tanto la Asamblea de Trabajadores como la CGT ‘auténtica’, están promoviendo reuniones con los Delegados Comunales, intendentes, concejales, legisladores, diversos sectores de la iglesia y de las llamadas fuerzas vivas (cámaras comerciales, cañeros, etc.) para que se sumen a la marcha “de la familia y para todos los tucumanos”. La CGT, por su lado, propone una ‘concertación’ para que los sindicatos puedan ‘supervisar’ el ajuste. La burocracia quiere contener la radicalización de los trabajadores por medio de las ‘Multisectoriales’ que integraría con las patronales y los monopolios. Apunta a condicionar los intereses de los trabajadores ‘a los de Tucumán’, y no los de Tucumán a los trabajadores. Estamos ante un recurso político contra las masas para salvar al gobierno de Bussi, o preparar el terreno para una intervención federal. Esta política de ‘Multisectoriales’ es apoyada por el Ptp y por el resto de la izquierda, y a la que algunos sectores de la UCR y el Frepaso pretenden darle la forma de un Frente Cívico. Un ala del PJ estaría promoviendo la intervención federal.

En este marco convulsivo, el Partido Obrero impulsa un paro activo provincial, la convocatoria a Asambleas Populares y a un Congreso de Bases y la Huelga General. Sólo así se conseguirá el pago al día de los salarios, la reincorporación de los despedidos, el cese de las privatizaciones, un seguro de 500 pesos al parado, el aumento de los salarios y la defensa de la Caja de Jubilaciones.