Políticas

25/1/2007|979

Tucumán y Santiago inundadas

En base a informes de Martín Correa y Nicolás Basualdo


Una vez más sucedió lo de todos los años, las inundaciones han vuelto a golpear a Tucumán y a Santiago del Estero.


 


En Tucumán, las aguas dejaron dos muertos, más de 5.000 evacuados y más de 25.000 afectados. Miles de familias perdieron todas sus pertenencias; localidades enteras quedaron bajo el agua. Los municipios del sur corren el peligro de quedar aislados y la ciudad de Concepción de quedarse sin gas debido a la rotura del puente sobre el cual pasan los gasoductos. El agua escasea porque la SAT (Aguas de Tucumán) no ha hecho las obras de infraestructura necesarias; donde hay agua es inutilizable porque se ha contaminado con las cloacas que no resistieron la tormenta.


 


En Santiago, ya son más de 700 las familias evacuadas y las aguas siguen desbordando de los ríos Salí y Dulce, con el agravante de que estos ríos llegan a Santiago contaminados por las empresas pasteras y del citrus de Tucumán.


 


La devastación producida por las inundaciones es la consecuencia del desmonte indiscriminado y la consiguiente desertificación de los suelos. A partir del boom de la soja y del aumento de los precios internacionales del azúcar, se ha acelerado el desmonte en el pedemonte serrano. Las grandes empresas agrícolas, los grandes cañeros, sojeros y citrícolas continúan su avance sobre los campos aún no explotados sin que los gobierno provinciales ponga ningún freno a esta depredación. En consecuencia, el agua baja de los cerros sin ningún impedimento, inundando todo a su paso.


 


La incapacidad de los gobiernos —cuyos presupuestos están volcados al subsidio de los grandes grupos capitalistas de sus provincias— para realizar obras de infraestructura que eviten las inundaciones de las barriadas populares amplifica la catástrofe.


 


En Santiago y en Tucumán, las poblaciones afectadas salieron a cortar rutas en reclamo de soluciones.


 


Frente a la catástrofe creada por el saqueo capitalista, reclamamos el control por parte de las asambleas populares de toda la reconstrucción; por un impuesto de emergencia a los ingenios, citrícolas y sojeras que para financiar un plan de reconstrucción de las viviendas y la infraestructura destruida; por un plan de obras bajo control de los trabajadores, dirigido a enfrentar integralmente la cuestión de las inundaciones, la provisión de agua potables y cloacas. Por bolsas de trabajo para que las obras ocupen mano de obra desocupada con salarios de convenios.