Comercial del Plata, el grupo empresario de Santiago Soldati, obtuvo en los últimos años “generosos” préstamos del Banco de la Provincia de Buenos Aires que le sirvieron para financiar su participación en las “privatizaciones”, como la del Tren de la Costa. Como Soldati jamás pagó esos créditos, Ruckauf estatizó su deuda de 57 millones con el BPBA en el 2001 (como parte de un “paquete” más general de salvataje de los grandes deudores del Banco por un total de 1.100 millones de dólares)

Este grupo quebrado a pesar de todos los subsidios (la empresa madre del grupo, Sociedad Comercial del Plata, está en convocatoria de acreedores) y que tiene importantes deudas con los municipios de Tigre y San Fernando, ha sido beneficiado por los intendentes Ubieto y Amiero con un nuevo negociado inmobiliario: Delta del Plata.

El “proyecto” consiste en la construcción de un viaducto que una el continente (desde la ruta 197) hasta la primera sección de Islas, cruzando el Río Luján. Se prevé la elevación del terreno de 600 hectáreas de islas y la reducción del ancho del camino de sirga, que es la franja entre los terrenos costeros y los lotes, o sea la ampliación del área disponible para la construcción. Según denunciaron los vecinos de Aprodelta, se trata de un flor de negociado inmobiliario ya que a los isleños sólo les pagarían un peso por hectárea (Página/12, 1/4).

Frente a la movilización de los vecinos e isleños, el intendente Ubieto (de Tigre) debió dar un paso atrás, y limitarse a sacar un decreto de pre factibilidad (en lugar de su aprobación directa). En diciembre, el Concejo Deliberante de San Fernando aprobó el permiso, alegando acuerdos con los municipios de la Región Metropolitana Norte. En abril, el Concejo Deliberante de Tigre tratará de aprobarlo definitivamente.

La obra provocará mayores inundaciones por elevación de terreno (el Defensor del Pueblo la desaconsejó por carecer de estudios serios). Para “garantizar” la seguridad y la buena vista, la villa El Garrote (ubicada en uno de los bordes del puente), será rodeada por un muro, convirtiéndola en un geto de desocupados, o será desalojada. En cualquiera de los casos, se colocará allí un destacamento de Prefectura.

Contra este crimen social y ecológico, la Asamblea Popular de San Fernando, hizo un escrache reclamando la derogación de la sesión de tierras y que las obras se coloquen bajo control de los vecinos, con la presencia de asambleas de la zona norte. Pascual Gentile, docente y asambleísta de San Fernando, relata esa instancia de lucha: “…concurrimos a movilizarnos con los isleños de Tigre, que realizaron una caravana naútica en protesta ante un nuevo avance del viejo proyecto de “invadir” el Delta con una autopista y fuimos víctimas de un nuevo acto intimidatorio del poder político hacia las movilizaciones populares”. Es que sobre el final del acto, un grupo de personas, encabezados por cuatro policías de civil y comandados por un concejal oficialista y el Secretario de Obras Públicas de Tigre, en persona, insultaron a los manifestantes y rompieron un cartel.

Sólo la acción común de los trabajadores y desocupados, los vecinos y los isleños podrá impedir que la especulación inmobiliaria se devore el Delta.