El gobernador bonaerense Solá le tiró un ultimátum a la Corte Suprema provincial: o aprueba la reforma del Estatuto Docente que liquida el pago de la “ruralidad” y reduce el período de maternidad, o el gobierno rebajará los salarios y eliminará los aguinaldos de todos los empleados estatales… incluidos los propios docentes. La reforma cuya sanción le reclama con tanta vehemencia Solá a la Corte ya fue declarada inconstitucional por tribunales de primera y segunda instancia.

Estamos en presencia de un virtual golpe de Estado: el Ejecutivo le exige al Poder Judicial que convalide una ley inconstitucional aprobada por la Legislatura. El objeto del golpe es cumplir las exigencias del FMI de reducir el déficit fiscal de 1.225 millones de dólares. La mayor parte de este déficit proviene de la estatización de las deudas de los grandes capitalistas con el Banco Provincia, que llevó adelante la dupla Duhalde-Remes por un valor cercano a los 1.100 millones de dólares.

Lo más notable de la extorsión de Solá a la Corte es que, aunque ésta convalide la reforma inconstitucional del Estatuto Docente, esto no dejará a salvo los salarios o los aguinaldos de los estatales. El “ahorro” que obtendría el gobierno de la liquidación de la “ruralidad” y de la reducción de la maternidad (que le permitiría reducir la plantilla de 22.000 docentes suplentes), está lejos de alcanzar las “metas” fijadas por el FMI.

En este cuadro, salta a la vista que seguirá a fondo la política de destrucción de los comedores escolares, cuyas vacantes se han reducido sustancialmente a comienzo de este ciclo lectivo y cuyas partidas (congeladas en 60 centavos diarios por chico, a pesar de la inflación) no se pagan desde hace meses. En algunos distritos, como Tres de Febrero, los comedores directamente han sido cerrados.

El ultimátum de Solá es la expresión de la completa bancarrota de un régimen.