La reacción favorable de los gobernadores al plan de “consenso fiscal” presentado por el gobierno nacional –que supone una gigantesca transferencia de fondos de los trabajadores y jubilados hacia el empresariado– muestra que camina en firme una ´coalición federal del ajuste´.

 

Dujovne y Frigerio indicaron que enviarán al Congreso un proyecto de ley en ese sentido este lunes, luego de cambios negociados con las provincias. 

 

En el centro del acuerdo está la reforma impositiva, que prevé para el empresariado la rebaja del impuesto a las ganancias, descuentos en el impuesto al cheque, deducciones en las liquidaciones impositivas y la rebaja de los aportes patronales también contemplada en la reforma laboral. El plato fuerte en esto es la reducción de ingresos brutos, que junto al impuesto a los sellos “representan el 80 por ciento del ingreso de las provincias” (La Nación, 10/11); “el Poder Ejecutivo transmitió a los gobernadores la ‘necesidad’ de bajar la incidencia este tributo (…) habrá un sistema de premios y castigos de acuerdo a cómo lo resuelva cada provincia” (Página 12, 10/11).

 

Parte de la caída recaudatoria deberá ser compensada por “la reducción del gasto mediante la sanción de la ley de responsabilidad fiscal” (La Nación, ídem). Se trata del ajuste a los trabajadores estatales y municipales e impactará fuertemente sobre los presupuestos de Salud y Educación, cuyo sostén la dictadura y los sucesivos gobiernos democráticos descargaron sobre las provincias, cada vez más quebradas. La reforma antieducativa del macrismo, que busca el reemplazo de docentes por capacitadores precarizados, y la “Cobertura Universal de Salud” que revienta las prestaciones del hospital público, son complementarias con este rumbo de cuño privatizador.

 

Guerra contra los jubilados

 

La otra gran pata de la “compensación” llegará por la vía de un batacazo a los jubilados, un tema poco tocado en esta reunión (aunque discutido días atrás en un encuentro del gobierno con secretarios de Hacienda provinciales): se repartiría a las provincias los 100 mil millones de pesos que se le roban a los jubilados, por la vía de una modificación a la baja del cálculo de la movilidad jubilatoria.

 

Es solo el primer capítulo de la reforma jubilatoria.

 

El gobierno exige el traspaso de las cajas previsionales de las 13 provincias que no las han transferido, y la “armonización” de sus regímenes jubilatorios al nacional. Se busca reventar cualquier conquista con la que cuenten los jubilados en las provincias por sobre la miseria nacional, como son edades de retiro más bajas (del orden de los 60 años para mujeres y 65 para los hombres) o montos cercanos al 82% del salario en actividad. El gobierno protesta por el “déficit” que le representa solventar estas “jubilaciones de privilegio”, y ya ha avanzado en congelar para el 2018 los fondos del Anses destinados a tal fin. Con el aval de Alicia K, este proceso avanza a paso firme en Santa Cruz.

 

Esta sería parte de la agenda de una posible reunión del Consejo de Sustentabilidad Previsional creado por la ley de (la mal llamada) “Reparación Histórica”, que incluiría también una baja en el cálculo inicial del monto jubilatorio, y una elevación de la edad de retiro.

 

Allí también se terminaría de sellar la rebaja de los aportes patronales. El vaciamiento que esto generará a la Anses (y que se suma al uso de sus recursos para solventar la caída recaudatoria de las provincias) será utilizado para hablar de la “inviabilidad” del sistema y clamar por su privatización –un cuento conocido.

 

Abajo el plan de guerra de Macri y los gobernadores

 

Las declaraciones de los mandatarios provinciales posteriores a su reunión con el macrismo son ilustrativas.

 

Macri había arrancado su encuentro con los gobernadores anunciando la marcha atrás con el impuesto al vino y la revisión de los amenazados para el azúcar, para que funcionarios como el ministro de economía mendocino puedan decirle a los pobladores –pese a semejantes retrocesos sociales– que “organicen los festejos” (La Nación, 9/11).

 

Por su parte, el gobernador chaqueño Domingo Peppo, en digna representación del PJ, afirmó que las provincias “no perderían recursos, se compensarían”, encubriendo el contenido antiobrero del acuerdo que se aprestan a votar los referentes parlamentarios del oficialismo y la oposición patronal.

 

En este cuadro de avanzada contra el pueblo, CFK se ha mostrado "comprensiva" con los gobernadores, incluso presentándolos como víctimas de extorsiones, en una tentativa de congraciarse con un PJ en crisis y rendido.

 

La movilización independiente de la clase obrera contra esta avanzada está a la orden del día.