La mayoría de los diarios registró la participación en las manifestaciones de los maestros de Salta del policía Eduardo Juárez, que fuera cesanteado por su negativa a participar en la feroz represión del viernes 1 de abril. La represión continuó una semana más tarde en el norte de la provincia, en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, por parte de la Gendarmería. El miércoles 13, la Policía intervenía para “despejar” el puente internacional.

Ambito Financiero, sin embargo, sabía mejor lo que estaba ocurriendo. “(F)uentes locales -informaba- estimaron que casi 80% de los efectivos se encuentra en estado de deliberación” (12/4). El gobierno pretendió minimizar la situación, asegurándole al diario que “en realidad, la situación con la Policía respondió a un encuentro al que asistieron no más de 30 efectivos”. La aclaración oficial no deja de ser curiosa, porque en cualquier organización armada vertical la deliberación con varias decenas de simples policías es lo más cercano a un amotinamiento en potencia.

El informante de Ambito debe haber creído que calmaba las aguas con la especie de que la reunión se había limitado a discutir “modificaciones a la grilla salarial”. Pero algo similar, exactamente, fue lo que produjo el amotinamiento de los policías salteños en octubre pasado, oportunidad en la que se organizaron actos públicos con la participación de activistas y luchadores sociales y políticos y concejales y legisladores. Surge de la información que después de aquel levantamiento “el básico de un agente sigue siendo de 100 pesos, mientras que un alto porcentaje del presupuesto salarial es absorbido por los jefes de la Policía salteña”. Peor aún (si esto fuera posible), “el presupuesto policial fue beneficiado con un incremento que no se vio reflejado en la grilla salarial”. El prometido blanqueo del 60% del salario “no se hizo efectivo”. En resumen, el acuartelamiento del año pasado contra la jefatura de la fuerza benefició solamente a esa jefatura.

Los “adicionales” que reciben los policías por encima del básico establecen un sistema de servidumbre en beneficio de los jefes, que tienen el arbitrio de premiar a los efectivos según el grado de sometimiento que manifiesten y la disposición que tengan para compartir la “caja” con sus autoridades. En oportunidad de la protesta policial del año pasado, el Partido Obrero había planteado la destitución de todos los jefes policiales, el control de la Policía por los vecinos y un básico de 700 pesos para todos los empleados del Estado, con la correspondiente eliminación de los servicios “adicionales” que benefician a capitalistas, truhanes, etc. (es decir que privatizan la función policial), y a los jefes corruptos.

La cuestión salarial en Salta, entonces, afecta a todo el mecanismo del Estado y en el conjunto del proceso social (lo mismo ocurre en todas las demás provincias y el conjunto del país). Esto pone más claro, por si faltaba algo, el rol criminal de las direcciones sindicales, en especial la de Ctera, que ha peregrinado por todo el país oficiando de rompehuelgas.