El decreto de rebaja de los aportes patronales a la Seguridad Social, además de ser un pingüe beneficio para las patronales, apunta a privatizar por completo la salud. Es que dicha rebaja no tendrá como único efecto la transferencia inmediata de 4.000 millones de dólares anuales del salario de los trabajadores a las arcas capitalistas. Más estratégicamente, apunta a la liquidación de las actuales obras sociales para “darle vida” a un sistema de contratación individual de planes privados de medicina pre-paga.

Monopolización

La reducción de un 30% de los actuales aportes patronales agravará el desfinanciamiento de las obras sociales, lo que llevará a la quiebra a más de la mitad. El Ministerio de Trabajo calcula que de las 350 entidades actuales, sobrevivirán 80.

El proceso de concentración se complementará con la llamada “libre elección”, por la cual cada trabajador podrá decidir a qué entidad prestadora debe dirigirse su aporte. Las obras sociales más débiles o de gremios con bajos sueldos se quedarán sin afiliados. En “una primera etapa se podrá optar entre cualquier obra social sindical, y posteriormente se incorporarán al sistema las empresas de medicina prepaga” (Ambito, 5/1).

El objetivo es producir una diferenciación entre los trabajadores, puesto que los de más altos salarios podrían acceder a un plan privado de salud, mientras que el grueso quedaría cautivo de la obra social. Pero si los trabajadores de altos salarios transfieren sus aportes, incluido el de la patronal, a una empresa de medicina privada, se acentuará el desfinanciamiento del sistema de obras sociales, lo cual planteará dos alternativas: desaparecer o bajar las prestaciones médicas. De este modo, la rebaja de aportes y la “desregulación” llevan inevitablemente a la liquidación de la obra social y de la salud obrera.

Pero que el trabajador pueda elegir derivar sus aportes a la medicina privada es un factor de primer orden en el encarecimiento de la salud. Hoy, la obra social contrata con los sanatorios privados y tiene cierto poder de negociación de precios porque reúne los fondos de miles de afiliados.

En lo sucesivo, el trabajador individualmente deberá contratar con el sanatorio privado. Esto significa que una demanda de 20 millones de personas totalmente dispersa deberá enfrentar una oferta muy concentrada (de 40 ó 50 pulpos), lo que llevará los precios a la nubes.

Encarecimiento y discriminación

La recaudación actual de las obras sociales (exceptuando el PAMI) es de 4.700 millones anuales, lo que da un promedio de aporte de 23 pesos mensuales por afiliado (17 millones de afiliados); con la rebaja del aporte patronal, la cuota promedio bajaría a menos de 20 pesos. A cambio de ello, las obras sociales otorgan, en general, una cobertura universal, que incluye estudios y tratamientos de alta complejidad. Ninguna empresa de lucro capitalista de medicina ofrece una cobertura del núcleo familiar por menos de 300 pesos mensuales. Como por 20 pesos las empresas privadas ni siquiera ofrecen un plan mínimo elemental o insuficiente, el trabajador deberá costear de su bolsillo el pago de diferenciales o la compra de planes más caros, de todos modos insuficientes.

El resultado es el encarecimiento general de las prestaciones de salud y una estratificación en una calidad de servicio para el que pueda pagarla, y una “de cuarta” para la inmensa mayoría que gana sueldos de miseria. Aun así, la mayoría no tendrá otra alternativa que atenderse en el hospital público, porque no podrá cumplir con los “aportes voluntarios”.

Deterioro de la calidad de servicio

Debe tenerse en cuenta que los sistemas privados de salud seleccionan a los grupos más sanos, dejando fuera a los de mayor riesgo, que son los de menores recursos. La demanda crecerá sobre el hospital público porque a los carenciados, desocupados o sin cobertura, se sumará la mayoría de los “emigrados” de las obras sociales. Esto cuando la política de “autogestión del hospital público”, o autofinanciamiento, lanzada por el gobierno, está provocando un deterioro general de este sistema.

Como si esto fuera poco, el encarecimiento de la medicina se agravará con la aprobación de la ley de patentes de medicamentos, que el gobierno ha prometido sancionar este año. Se estima que provocará aumentos de hasta el 100% en algunos fármacos. Y los medicamentos tienen una incidencia del 40% en el gasto de salud actual.

El deterioro del nivel de la calidad de prestación de salud será brutal. Lo confiesa un especialista de salud privada en “El Cronista” del 27 de diciembre de 1993. Dice que son necesarios programas que “prioricen el primer nivel de atención (médico de cabecera, centros de atención ambulatoria, internación domiciliaria). Hay que acabar con la prestación basada en la medicina de mediana y alta complejidad, pues en el futuro será impagable”. Traducido: complejidad para el que la pague, para el resto salita de barrio e internación en la casa. Medicina del siglo pasado.

La burocracia sindical hace tiempo que apoya esta orientación de la burguesía, a pesar de que hoy tiene en sus manos las obras sociales y es una fuente de prebendas y negociados. La burocracia  participa de la instrumentación privatista, de manera de asociarse con el negocio de la salud, como lo ha hecho con la jubilación privada.

El Partido Obrero, frente a esta liquidación de las obras sociales sindicales y a la marginalidad sanitaria del pueblo, plantea un plan único gratuito de salud, financiado con aportes exclusivamente patronales y con la expropiación de los pulpos privados sanatoriales y farmacéuticos.