A los que siguen pensando que detrás del candidato oficial se anidan los intereses nacionales y populares, la Corte Suprema les acaba de recordar que la llave maestra de la explotación de petróleo no convencional tuvo como punto de partida una conspiración: nos referimos al acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Precisamente, la Corte acaba de declararlo ilegal. La Corte se ampara en el carácter público de YPF, lo que la supedita a la legislación vigente en materia de información pública. Según ha trascendido, entre las cláusulas secretas figuran un régimen de completa libertad para la remisión de utilidades, así como una serie de normas provinciales y nacionales “a la medida” del contrato con la multinacional petrolera.

 

Es probable que, al fallar contra YPF-Chevron, la Corte haya jugado en el entramado de intereses capitalistas que separan al gobierno de la “opo”. En la cuestión petrolera, no es un secreto que varios pulpos importantes se han agrupado detrás de Macri, en reclamo de una reasignación del botín de los hidrocarburos.

 

Pero lo más notable de este episodio es la réplica oficial: los voceros del gobierno le han respondido a la Corte que YPF es una empresa “de derecho privado”, y esgrimen para ello la participación del 49% de accionistas privados. A la hora de defender los acuerdos con Chevron -que podrían caerse si se da publicidad a sus términos- el gobierno se ha sacado la careta sobre la supuesta “recuperación de la soberanía petrolera”. En cambio, le ha dado la razón al Partido Obrero, que caracterizó a la salida obligada de Repsol como el primer pasado de una “reprivatización de YPF”.

 

En el balotaje entre Mauricio Shell y Daniel Chevron, votamos en blanco.