La jueza Susana López prorrogó el secreto de sumario sobre la causa que investiga el homicidio de Mariano y las heridas de Elsa, Nelson y Ariel.

En las últimas horas, la defensa del patotero Favale ha pedido ampliar su indagatoria. Hasta que no se levante el secreto de sumario, los abogados querellantes no tenemos acceso a la causa, que ya acumula más de 14 cuerpos, aunque la veda no pareciera correr para los medios de comunicación, que “trascienden” a diario todos los elementos que la van consustanciando.

Bajo el formato de declaraciones de “allegados a la investigación” que publica Página/12 (4/11), pudimos enterarnos de que recién una vez reconstruida la secuencia que derivó en los disparos “se avanzará en las responsabilidades organizacionales y el rol que le cupo a la policía”. Sin embargo, los autores mediatos son los más públicos de la historia de los crímenes políticos cometidos en el país: la Ugofe y la UF fueron elocuentes al reivindicar la patoteada contra los tercerizados y el Partido Obrero apenas horas después de la masacre. Un periodista, también de Página/12, desliza respecto del rol de la policía que la investigación apunta a que ésta haya actuado con “negligencia”. Este rumbo delata un encubrimiento, porque decenas de testigos afirmaron que el número de emergencias del Comando Radioeléctrico estaba bloqueado en el momento del crimen, la operatoria típica de las “zonas liberadas”. La absurda explicación ofrecida por la policía (cuya actuación Aníbal Fernández calificó de “intachable”) era que no actuaron “para no reprimir la protesta social”. La causa no ha avanzado en las responsabilidades de la Policía Bonaerense y el rol de la Comisaría 2º de Avellaneda. El trato coordinado y cordial entre los miembros de “la bonaerense” y la patota fue observado por testigos el día del hecho. Por esa comisaría pasaron, al comienzo de la movilización, cuatro o cinco personas que venían siguiendo a la misma y que minutos previos habían amenazado a la columna del MTR con una frase más que significativa: “Si cortan las vías, los vamos a cagar a tiros, piqueteros de mierda”. En este grupo se encontraría el hijo de Antonio Luna, subsecretario de transporte ferroviario y hombre del riñón de la UF. Llamativamente, la investigación aún guarda un manto de silencio sobre la responsabilidad de Luna y del secretario de Transporte, Schiavi, por quienes pasan los fondos estatales que adornan a Ugofe y convalidan todo el armado fraudulento de las tercerizadas para que un puñado de capitalistas y burócratas asociados se enriquezcan con dinero público.

La causa, todavía caratulada “homicidio en riña”, destila por todos sus poros la trama de un crimen político, en el que asoma la acción coordinada de la burocracia sindical, sus sicarios, los concesionarios ferroviarios y fuerzas de represión, todos ellos con un vértice común en el aparato del Estado. Lo confirma el hecho dado a conocer recientemente: que el ingreso de Cristian Favale, principal sospechoso de ser el autor del disparo que provocó la muerte de Mariano, al concesionario Ugofe fue realizado expresamente por “El Gallego” Fernández, número dos de la Unión Ferroviaria. Esto confirma que las empresas y la burocracia sindical coordinan el empleo de patoteros en el ferrocarril como contraprestación de sus apretadas contra los trabajadores. El ingreso de estos elementos sirve para provocar un clima de terror en los talleres ferroviarios. Todavía permanece libre Aldo Amuchástegui, señalado como otro sospechoso de haber disparado y de haber sido el “reclutador” en los Talleres de Escalada para engrosar las filas de la patota. Amuchástegui continúa “desempeñando tareas” en los talleres; es decir, instaurando el terror y la amenaza permanente para que nadie “saque los pies del plato”. Por nuestra parte, hemos puesto en conocimiento del juzgado el procedimiento para el otorgamiento de las licencias que hicieron posible la salida de 100 empleados del taller el día 20 de octubre. Si la salida de estos empleados quedó documentada como corresponde por norma, la Justicia tiene en sus manos los recursos necesarios para citar al personal jerárquico del taller y conocer quién dio la orden de otorgar un licenciamiento masivo, además de disponer actuaciones sobre los empleados involucrados. Si las licencias se otorgaron en forma discrecional, a esa capa superior de empleados podría corresponderle la imputación de encubridores.

Recientemente se ha rechazado al Partido Obrero como querellante en la causa (medida que se apelará) bajo el curioso argumento que tal rechazo “no implica negar el carácter de damnificado que el Partido Obrero tendría en las presentes actuaciones”, sin embargo restringiendo tal derecho a quienes tendrían la tutela del bien jurídico atacado. Lo cual no es otra cosa que negarle al Partido Obrero ser titular del interés jurídicamente protegido por el tipo penal (vida e integridad física de sus militantes, que son quienes forman el cuerpo vivo de la organización), a pesar de que tanto Mariano como Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre se encontraban en el lugar de los hechos en carácter de militantes y llevando adelante actividades votadas en el órgano partidario.

La causa cruza por todas sus aristas al Estado. Estamos ante una burocracia entrelazada con el gobierno y el empresariado, que contrata a “barrabravas” que a su vez prestan servicios regulares al poder político. Estamos ante una trama empresarial entre esa burocracia y los concesionarios ferroviarios para montar un régimen de explotación laboral y violencia en los ramales, financiado y amparado por el Estado y sus subsidios; no nos referimos solamente al amparo brindado por el aparato policial -a su vez dependiente de los ministerios de seguridad nacionales y provinciales- al accionar de esa red criminal, sino al brindado por las secretarías de Transporte encargadas de controlar a los concesionarios.

En este marco, la causa judicial evolucionará según el gobierno privilegie sus pactos políticos -y “sociales” con la burocracia sindical y los grupos capitalistas (entre ellos, los concesionarios de ese ferrocarril). La acción de los abogados secunda la movilización obrera, popular y estudiantil por el juicio y castigo a TODOS los responsables del crimen de Mariano y de la tentativa de homicidio que sufrieron Elsa y los demás compañeros.