Apelando a la medida de excepción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el cual obvia todo debate y el paso por el Congreso, el gobierno adelantó beneficios a los empresarios que estaban contemplados en su proyecto de Reforma Laboral. Entre otras cosas, redujo el monto de las multas y otras sanciones a las empresas que tengan trabajadores no registrados (en negro), que hoy alcanzan a alrededor del 35% de toda la población trabajadora del país.

Con la legislación actual, esas empresas, si recibían una inspección y eran denunciadas por la autoridad laboral –cosa que no ocurrió a menudo con este gobierno ni con el anterior–, debían blanquear al personal involucrado y pagar una multa y pasaban a integrar un registro de infractores en el cual se mantenían por entre 60 días y tres años, en función de la gravedad de la irregularidad cometida.

Esto hacía que, durante ese período, no pudieran acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, ni participar de concesiones y acceder a beneficios económicos de parte del sector público. 

Ahora, el decretazo publicado ayer establece que sea cual sea la gravedad de la irregularidad cometida, sólo estarán en el registro de infractores un máximo de 30 días y se reducirá el monto de las mutas establecidas actualmente.

Este es un llamado directo a mantener las contrataciones irregulares ya que las sanciones –si la cartera de Jorge Triaca las “detecta”–, van a tener una sanción absolutamente leve, que se compensa con los beneficios empresarios de mantener, incluso durante años, a trabajadores contratados en negro.

De acuerdo con los datos oficiales, por el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), han pasado, entre otras, Quilmes, La Serenísima, Adecco, Mostaza, Bodegas Norton y Adrian. Más allá de que el cumplimiento de las sanciones es de difícil comprobación, las empresas evasoras verán ahora facilitada su actividad irregular.

En el colmo del caradurismo, en la cartera de Trabajo sostienen (Ámbito, 10/1) que las sanciones contenidas en la legislación actual habían derivado en una suerte de parálisis de las inspecciones oficiales por considerar que la inclusión en el registro podía significar una suerte de condena al estancamiento o incluso quebranto de las compañías incluidas. 

Esta medida se complementa con la del “blanqueo” planteado por el gobierno para las empresas que tienen personal en negro. Si alguna de ellas decide blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular, no deberán afrontar ninguna sanción por la falta cometida y se extinguirán los juicios que pudiera haber en marcha.

Mientras tanto, a los trabajadores solo les serán reconocidos a los efectos de los beneficios correspondientes a antigüedad y jubilación, un máximo de 6 años, más allá de cual sea el período que haya estado revistando en negro.

Las medidas son parte de la ofensiva precarizadora y flexibilizadora lanzada por el gobierno. La ley de Reforma Laboral es un puntal en este sentido. Con la misma pretenden liquidar conquistas alcanzadas por los trabajadores con sus luchas a lo largo de 100 años.

Abajo la Reforma Laboral. Abajo el decretazo.

Vamos asambleas en los lugares de trabajo y plenarios de activistas y delegados en todos los sindicatos y seccionales. Serán los trabajadores organizados los que derrotarán el plan de guerra del gobierno.