Luego del escándalo nacional por las inundaciones en barrio Mitre (Capital) causadas por el shopping “Dot”, el gobierno de Capitanich junto a Aída Ayala, la intendenta radical de Resistencia, han puesto en marcha un mega emprendimiento similar: la construcción de un shopping junto a la ribera del río Negro, que atraviesa la Ciudad.

La ribera del río es un área restringida para construcciones, que se encuentra bajo control de la Administración Provincial del Agua. El shopping se construirá en terrenos rellenados de la ribera, que actualmente sirven para el drenaje de las aguas del sistema de desagües. Ni la Municipalidad ni la provincia han realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Están obnubilados por un mega-negociado a costa de las tierras públicas, que tendrá una inversión de 43 millones de dólares. Resistencia todavía recuerda las inundaciones del año ‘83, una tragedia comparable a la reciente inundación en La Plata y Capital. La construcción de una línea de defensa contra inundaciones, posterior a la inundación, morigeró los riesgos. Esta línea depende del sistema de desagüe de la Ciudad, en el cual el Río Negro cumple un rol esencial. La construcción del shopping y la habilitación de los terrenos ribereños a la especulación inmobiliaria es la crónica de un retorno seguro a las inundaciones. El estudio de impacto ambiental ha sido realizado por la misma empresa interesada en la construcción. La crisis de la vivienda en Resistencia, mientras tanto, está en pleno desarrollo. Las ocupaciones de terrenos en el Gran Resistencia involucran a miles de familias. Los planes son totalmente insuficientes y están manejados a dedo por punteros. El gobierno ni siquiera regulariza la tenencia, mientras le entrega tierras públicas en gran escala al capital inmobiliario -y tierras rurales a los sojeros. El polvorín de la vivienda lleva a la ocupación de espacios que tienen un riesgo de inundaciones y catástrofes naturales evidentes -como los terrenos cruzando la Avenida Soberanía Nacional. La intendenta radical y el gobierno de Capitanich se tiran la pelota por el atraso de la limpieza de los canales de desagüe, pero ambos gobiernan para la especulación inmobiliaria.

Las condiciones de vivienda en el gran Resistencia también son muy duras e involucran toda clase de atropellos del Estado: por ejemplo, en Fontana, los vecinos vienen reclamando hace meses que se retire un transformador eléctrico que ya ha provocado dos casos de leucemia infantil. La empresa -estatal- se desentiende del problema y niega que el transformador sea cancerígeno.

El gobierno sostiene que el shopping va a ayudar a paliar el reflujo de la construcción. Pero para abordar este problema, la solución es más sencilla: tiene que haber un plan de vivienda popular masivo, bajo control de los trabajadores y delegados barriales, que dé respuesta a las necesidades de la población. Se tiene que construir la infraestructura urbana para todos los barrios populares, financiada con impuestos al gran capital sojero, los bancos de la provincia y las grandes empresas. La tenencia de tierra para la vivienda personal tiene que ser regularizada de inmediato.