El paro de CTERA, ATE y Conadu Histórica, junto a los médicos de la Fesprosa  y los judiciales, entre otros gremios provinciales, expresó -como la Marcha Federal unas semanas antes- la voluntad de lucha que “sube” desde la base de los sindicatos, y fue también una interpelación a la CGT. Lo mismo vale para la gran lucha de Bimbo, la que libraron los choferes de Ecotrans por la reincorporación de despedidos, el reclamo de los aeronáuticos y el de los petroleros del sur, a quienes las empresas continúan despidiendo a pesar del extraordinario regalo del tarifazo. Mientras ello ocurre, la CGT “no sabe o no contesta”, en relación a la necesidad de una lucha de carácter nacional.

 

El triunvirato de la CGT visitará a Prat Gay esta semana y definirá, de acuerdo al resultado de la reunión, dos alternativas: o un paro anunciado de carácter aislado y sin una perspectiva de lucha continuada, o…una nueva postergación.

 

El gobierno adelantó que no está dispuesto a discutir salarios y que cualquier modificación en la estructura del impuesto a las “ganancias” pasará al 2018. El gobierno condiciona la reducción del impuesto a que las provincias cedan puntos de la coparticipación, un modo sinuoso de exigir un mayor ajuste en el interior.

 

La burocracia, sin embargo, se conforma con mucho menos: un “bono de fin de año” (lo que implica aceptar una pérdida de entre 10 y 15 puntos porcentuales) y la exclusión del medio aguinaldo de diciembre del cálculo del impuesto. El “bono” consolida la pérdida salarial del 2016, ya que los próximos aumentos paritarios deberán calcularse sobre los degradados salarios actuales.

 

Lo mismo ocurriría con algún pago excepcional a jubilados y precarizados. En el primer caso, los índices anualizados de la ´movilidad jubilatoria´ oficial consagrarán una pérdida en los haberes del orden del 15% durante este año. Por su parte, la CGT ha subido al carro de la tregua a un conjunto de movimientos sociales, sin que ello signifique que dejen de percibir planes sociales que están por debajo del salario mínimo.

 

La Iglesia y la oposición

 

Pero el frente político contra el paro echa sus raíces más allá de la calle Azopardo.

 

La Iglesia trabaja “a destajo” por una concertación o mesa de diálogo, con el gobierno y los empresarios. Este fue el tema de fondo del seminario que en estos días se realizó en la sede de la CGT, con sindicalistas, dirigentes sociales y obispos. Pero el “diálogo” o pacto social es una impostura: si se concretara, no pondrá a consideración todos los zarpazos ya adoptados por el gobierno contra los trabajadores, como la devaluación y los aumentos de tarifas. Mientras los precios de los capitalistas se mueven con hechos consumados, solo se cuestiona el salario y la necesidad de reabrir las paritarias.

 

El pacto social es también la línea de Sergio Massa, quien, al igual que la iglesia, salió con los tapones de punta contra el paro. Recordemos que se trata del jefe político tanto de Daer como de Acuña, o sea que la “opinión” fue también una bajada de línea hacia el triángulo cegetista. Pero Massa, a su vez, “recibió línea” en el mini Davos argentino, cuando la gran patronal extranjera y nacional exigió un plan de guerra contra los trabajadores. A este Massa, Cristina Kirchner le ha pedido formar una “nueva mayoría” -o sea, un frente político. Por carácter transitivo, el acuerdo para ´pisar´ el salario tiende un hilo conductor que va desde el macrismo hasta los supuestos “nacionales y populares”. Los centroizquierdistas o izquierdistas que se mueven detrás de los Massa o Cristina están, por lo tanto, sirviendo de pata “popular” para caucionar una política de ajuste.

                                

Burocracia en crisis

 

Este compromiso de fondo explica la pasividad de la CGT, cuyos dirigentes son los voceros de esa orientación capitalista al interior de los sindicatos. En el Confederal del pasado 23, sólo 11 de los 253 congresales se pronunciaron por un paro inmediato. Por afuera de la CGT “unificada”, un centenar de gremios, que responden a la liga de gobernadores pejotistas y algunos incluso a Cambiemos (como Venegas), presionan a una pasividad aún mayor.

 

El moyanismo, que acaba de perder posiciones en el Tribunal Arbitral (de los cinco integrantes solo uno responde al camionero) redobló su disputa con Aguas y Gaseosas por el encuadramiento de miles de trabajadores de Coca-Cola, y con Mineros por las fábricas productoras de cal de Córdoba. También mantiene litigios con Comercio, Alimentación y Tintoreros, los cuales, aunque involucran conquistas y condiciones laborales, son manejados con métodos de aparato.  El kirchnerismo, agrupado en la Corriente Federal de Palazzo, volvió a exhibir su aislamiento, pero no ha sacado los pies del plato. Siguen la línea de su jefa, que busca un frente político con Massa y Gioja.

 

Paro activo, plan de lucha, intervención política

 

Por las hendijas de estos enfrentamientos se cuela la presión por el paro general. Las divisiones de la burocracia y la presión por abajo ensanchan el campo para la intervención del clasismo, y para una gran agitación por el paro general activo y un plan de lucha. A la vez, es necesario advertir sobre la enorme disputa abierta en relación al movimiento obrero y su rumbo político. El freno a una lucha de conjunto de los trabajadores es parte de una operación política para hacer pasar el ajuste, en la cual están comprometidos quienes gobiernan actualmente y quienes lo hicieron en la década pasada, en sus diferentes variantes. La lucha por las reivindicaciones amenazadas y por el paro se enlaza, de ese modo, a la batalla por colocar a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política, en oposición a este frente único para barrer con las conquistas obreras. El Frente de Izquierda tiene por delante ese enorme desafío político.

 

 

Foto; Ignacio Smith