Algunos comentaristas presentaron al flamante gabinete como un prometedor equipo “técnico”, que vendría a ejecutar un plan largamente concebido. En realidad, el macrismo llevó adelante un apresurado loteo de cargos, donde sobresalen dos intereses capitalistas definidos: el capital financiero y la “patria sojera”. Pero si se piensa que el “agronegocio” está manejado en buena medida por fondos de inversión -pooles de siembra-, casi puede afirmarse que estamos ante un gabinete de banqueros y “buitres” (gerentes de fondos especulativos). El jefe de la banda es Alfonso Prat Gay, quien actuó en el J.P. Morgan antes de sumarse en 2002 al gabinete “nacional y popular”, como presidente del Banco Central de Duhalde, primero, y de Kirchner, después. Desde ese lugar, Prat Gay aseguró el rescate de la banca privada, compensando a los bancos por la ‘pesificación asimétrica'. Es probable que ahora le quepa a Prat Gay un rol parecido: aunque todos hablan del “Banco Central quebrado”, nadie dice que los bancos privados se encuentran inundados de pagarés de ese mismo banco, el cual, a su vez, es acreedor de un Tesoro también fundido. La “recapitalización” del Central, que convertirá pagarés del Tesoro en títulos de deuda, es -en última instancia- una operación de rescate de la banca privada. Pero el reendeudamiento que planea “Cambiemos” es bien más vasto, pues incluye a la deuda con los fondos buitre, con los importadores y empresas que no han remitido utilidades al exterior a causa del cepo. De movida, estamos hablando de un “festival de bonos” del orden de los 50.0000 millones de dólares. La deuda pública treparía en meses a más del 60% del Producto Bruto, pero tal vez al 80% si -como se prevé- el valor del dólar sube a los 14 pesos.

Sobrevolando cadáveres

Para apuntalar este gran operativo de reendeudamiento, Prat Gay estará acompañado por varios popes del capital financiero. No sólo nos referimos a Melconian, Sturzenegger o Frigerio: el propio jefe de gabinete Marcos Peña estará escoltado por Mario Quintana, titular del fondo de inversión Pegasus. Este fondo controla a un conjunto de empresas ligadas al negocio inmobiliario, comercial y gastronómico, muchas de las cuales fueron devoradas en las vísperas de su quiebra. El otro ladero de Peña, Gustavo Lopetegui, fue socio de Quintana en transferencias de grandes cadenas comerciales a grupos bancarios, en los años '90. No es un secreto que el enorme endeudamiento nacional que surge del “plan” macrista obligará al remate de activos nacionales -los “buitres” de esta operación económica, por lo tanto, están en el gabinete nacional.

Como garantía de este reendeudamiento, el macrismo aspira a que los sojeros liquiden buena parte de su cosecha retenida. En un plazo más largo, sueña con un boom exportador, en función de lo cual ha prometido un paquete de beneficios extraordinarios al capital agrario. Para eso, colocó al estanciero formoseño -y diputado radical- Buryaile al frente de Agricultura. El elenco se completa en una función “impensada”, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lino Barañao, el legado de CFK en el nuevo gabinete, es un indisimulado lobbista de los multinacionales de agroquímicos, comenzando por el pulpo Monsanto (ver artículos). A este conjunto de intereses, Buryaile le ha asegurado una reducción generalizada de retenciones al maíz, el trigo y la soja. Por lo pronto, el anuncio ya ha disparado fuertes aumentos en la canasta básica. Los sojeros, sin embargo, recibieron la noticia con tibieza: lo que reclaman es una devaluación en regla.

La reducción de impuestos al capital agrario deberá compensarse con la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos -combustibles y electricidad. Es lo que aseguró el ex Shell Aranguren, otro de los integrantes del nuevo gabinete.

Pacto social y regimentación

El cocktail explosivo que prepara el nuevo gabinete contra los trabajadores -devaluación, ajuste, tarifazo, carestía- coloca en un lugar estratégico al acuerdo con la burocracia sindical. Por ese motivo, Macri desechó a un primer candidato al Ministerio de Trabajo -un ex ejecutivo de Arcor ligado a De la Sota- para colocar a un agente de los “gordos”, Jorge Triacca. Del otro lado, la burocracia ha respondido con una poderosa señal: nada menos que Barrionuevo dijo que a Macri hay que darle “por lo menos un año de tregua” (La Nación, 29/11). Si ello no resulta suficiente, el gabinete de “seguridad” junta frondosos antecedentes en materia de criminalización de la protesta. En primer lugar, Patricia Bullrich, quien integró el esquema laboral-penitenciario del gobierno de la Alianza; luego, Eugenio Burzaco, el “Berni” del PRO, inspirador de la policía de Sobisch, que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Le sigue Germán Garavano como ministro de Justicia, el hombre que ha penalizado los piquetes y movilizaciones en la Ciudad. Finalmente, el “ministro de Modernización” Andrés Ibarra cumplirá la función que ya le cupo en ese mismo cargo del gabinete porteño: perseguir al trabajador estatal y atacar sus conquistas laborales.

Junta de rematadores

Los que proclaman que pondrán fin a la “grieta” y a los “desencuentros” han armado un gabinete de ofensiva contra los trabajadores. En el mundo financiero, no hay mejores negocios que los que se urden con la bancarrota de empresas y países. El gabinete de buitres de Mauricio Macri se servirá de la quiebra que deja el kirchnerismo para montar una nueva confiscación contra el país. Deberá vérselas, por un lado, con una crisis mundial y regional, que marcha a contrapelo de las aspiraciones macristas (derrumbe de los precios de las materias primas, reflujo de capitales de los emergentes). Luego, con las contradicciones y choques que despertará este remate nacional entre diferentes fracciones capitalistas y, lo más importante, con una clase obrera con fuertes reservas de lucha.