La evolución de los hechos ha sido clarificadora respecto del contenido de la crisis producida al interior de la coalición oficial. En su momento caracterizamos que el intento de Cristina Kirchner de forzar un cambio de gabinete, tras el derrumbe electoral del Frente de Todos, no buscaba torcer el rumbo ajustador del gobierno que tanto desencanto había provocado en la población, sino recuperar votos hacia noviembre, y, sobre todas las cosas, desligar a su propia fracción política de toda responsabilidad sobre la catástrofe social a la que asistimos, tarea imposible considerando que sus legisladores y ella misma como vicepresidenta han acompañado una por una las políticas antipopulares de la gestión actual. A su vez, la mueve el interés de autopreservación frente al reanimamiento de las causas judiciales que la asedian.

Gabinete derechista

Esta contienda, sin embargo, alumbró un recambio derechista en el gabinete, a la medida de la profundización del ajuste que traerá aparejado el acuerdo con el Fondo. Cristina terminó bendiciendo la asunción de Juan Manzur como Jefe de Gabinete, un hombre perteneciente al campo de los gobernadores del PJ, con fuertes vasos comunicantes con la burocracia sindical y el imperialismo yanqui y tristemente célebre por haber sido uno de los principales promotores de la reforma previsional macrista en 2017, que suscitó un levantamiento popular en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre por el cual continúan procesados los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz. Por todos estos elementos, desde Prensa Obrera señalamos que con Manzur se refuerza la reforma laboral tan reclamada por los capitalistas y el FMI, de la que se hace eco más abiertamente la oposición patronal, con el planteo de eliminar las indemnizaciones, a la vez que el gobierno también acepta el convite bajo el eufemismo de “aggiornar” los convenios colectivos de trabajo.

Un aspecto insoslayable del bagaje reaccionario del nuevo jefe de ministros son sus lazos estrechos con el Opus Dei. Es un reconocido antiderechos que en su rol como gobernador de Tucumán ha sido responsable del encarcelamiento de Belén y de condenar a la niña Lucía a un sinfín de torturas para impedirle acceder a una ILE, entre otras canalladas. Su ingreso al gabinete seguro puso contento a Tucho Fernández, el Arzobispo de La Plata, que también utilizó el género epistolar luego de conocer el resultado de las PASO para reprocharle al gobierno la aprobación del aborto legal. En cambio, su designación causó un amplio -y justificado- repudio por parte de un sector del feminismo, frente al cual las funcionarias gubernamentales ensayaron un compendio de argumentos disparatados para defender lo indefendible, demostrando lo proclives que son a bajar las banderas de la ola verde con tal de seguir ocupando puestos en el Estado, cobrando sus abultados sueldos, mientras el gobierno empodera a lo más rancio del oscurantismo clerical.

Dentro del nuevo elenco ministerial se encuentra el enemigo declarado del movimiento popular, Aníbal Fernández, responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. A pesar de su renovado discurso sobre los Derechos Humanos sus primeros pasos al frente del Ministerio de Seguridad son elocuentes respecto de la orientación que pretende profundizar: ni bien asumió envió a la Policía Federal para reprimir a los trabajadores ferroviarios despedidos y así evitar que realizaran un corte de vías en Avellaneda, reclamando por su reincorporación. Quien recibió gratamente la noticia de su asunción fue Sergio Berni, el protagonista del desalojo brutal a las familias sin techo en Guernica -y tantos otros asentamientos de la provincia de Buenos Aires- y el encubridor máximo del asesinato de Facundo Castro a manos de la Bonaerense, donde pruebas recientes dan cuenta que a Facundo lo torturaron antes de matarlo. Berni y Fernández conforman un tándem profundamente represor para Seguridad, en función de hacer pasar el ajuste.

La nuevas incorporaciones incluyen también a Daniel Filmus en Ciencia y Técnica, paladín de las reformas antieducativas en su papel como coautor de la LES menemista y protagonista del desguace educativo por medio de la LEN bajo el kirchnerismo; a Jaime Perczyk en Educación, quien, en su paso por el Consejo Interuniversitario Nacional, estuvo a cargo del recorte de incumbencias a casi 100 carreras en función de fomentar títulos más devaluados y la proliferación de posgrados arancelados; y, por último, a Julián Domínguez en Agricultura, en aras de limar las asperezas con la Mesa de Enlace.

Si se permite la extrapolación, así como Alberto Fernández se replegó en los gobernadores del PJ para “relanzar” su gobierno, en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hizo lo mismo a la hora de renovar su gabinete pero con los intendentes, encumbrando así al antiderechos Leonardo Nardini en Infraestructura -quien además está procesado por malversar los fondos destinados a la beca Progresar en el municipio de Malvinas Argentinas- y a Martín Insaurralde como Jefe de Gabinete bonaerense, dejando así su intendencia de Lomas de Zamora con un sinfín de necesidades populares insatisfechas. En este mismo sentido, Alberto Fernández y Axel Kicillof presenciaron en primera fila el reciente acto realizado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, donde el barón del Conurbano perpetró una serie de acusaciones contra los medios de comunicación, intentando ocultar de este modo su propia responsabilidad sobre la pobreza que acecha a los vecinos pacenses.

Ajuste sobre rieles

La denuncia acerca del ajuste por parte de CFK se muestra inconsistente, no solo por haber sido partícipe necesaria de su aplicación, sino que además en su carta ratificó la permanencia de Martín Guzmán al frente de Economía, evidenciando que no hay divergencia alguna al interior del Frente de Todos sobre que la política oficial debe someterse a la voluntad del FMI, a fin de llegar a un acuerdo a costa de mayores penurias para el pueblo. Sin ir más lejos, ningún integrante del gobierno cuestionó el reciente desembolso de casi 1.900 millones de dólares para cancelar un vencimiento con dicho organismo, por el contrario, la propia Cristina autorizó que los DEG, en lugar de utilizarse en atenuar los efectos sociales de la pandemia, tuvieran como destino el pago de la deuda. Así que lejos de representar una corriente más progresiva al interior del peronismo, el kirchnerismo tributa a los mismos intereses capitalistas que el resto de las alas de la coalición gobernante; intereses que, por otra parte, han conducido a la situación de hambre y miseria que predomina en el escenario nacional.

Así las cosas, el oficialismo cerró filas detrás de la presentación del Presupuesto 2022, el cual presupone un acuerdo con el FMI aceptando a rajatabla sus exigencias, nuevamente proyecta una pauta inflacionaria a la baja del 33% en pos de ajustar salarios y partidas sociales, y, a su vez, prevé tarifazos en el gas y en la luz para compensar la reducción de subsidios energéticos -que pasarán de representar el 2,2% del PBI al 1,5% del mismo. De esta manera, las petroleras y empresas de servicios públicos salen indemnes mientras se descarga sobre el bolsillo popular la disminución del gasto público que postula el Fondo.

CFK, haciendo uso de un cinismo desembozado, sostiene que cumpliendo con el porcentaje del déficit fiscal previsto en el Presupuesto 2021 no habría más ajuste, y que el único error fue haberlo reducido por encima de las proyecciones. Lo que no menciona es que el presupuesto en cuestión fue redactado bajo la tutela del FMI y ya incluía el ajuste dentro sus partidas destinadas a atender las necesidades sociales; se redactó contemplando una pauta inflacionaria irrisoria del 29%, la nueva movilidad jubilatoria que confisca los haberes y la quita del IFE.

Por otro lado, el grueso de los gastos del 2021 fue dirigido, no al bolsillo de los trabajadores, sino a subsidiar a las patronales. En ese sentido, a agosto 2021 solo el 60% del gasto Covid había sido devengado, el monto destinado a subsidios energéticos tuvo un incremento interanual del 126,6%, mientras que la suma dirigida al pago de prestaciones sociales perdió 19,1% contra la inflación en el transcurso de un año. Guzmán, por su parte, se escudó diciendo que lo ocurrido “no fue un ajuste sino la reducción del déficit”, algo completamente falso teniendo en cuenta que mientras la recaudación durante los primeros ocho meses del año aumentó en términos reales un 19,1% interanual, la caída real de los gastos corrientes en este período fue del 10,6%.

Sin moverse un milímetro de su política de ajuste, el gobierno pretende reconquistar al electorado mediante anuncios económicos. Se trata de migajas para los sectores populares que de ninguna manera revierten la profundidad de la crisis social, donde, por ejemplo, el pago del alquiler insume el 50% del salario de los trabajadores y, los últimos datos del Indec arrojan una caída en la tasa de la población económicamente activa (de 0,4 pp entre el primer trimestre 2021 y el segundo), a causa de que hay cada vez menos trabajadores desocupados buscando un empleo debido al “efecto desaliento”.

El aumento miserable del salario mínimo, el cual llegará a los $33.000 recién en marzo 2022 mientras la línea de indigencia se encuentra hoy en los $29.000 y el umbral de la pobreza se ubica en los $67.557; la elevación del piso de Ganancias a los $175.000, que, al no eliminar la cuarta categoría continúa gravando a más de dos millones de trabajadores; el proyecto de jubilación anticipada que supone una quita completamente injusta a quienes la reciban, el lanzamiento de Mi Pieza, el cual no soluciona ni por asomo la crisis habitacional, y el levantamiento precipitado de las restricciones sanitarias forman parte de esta agenda de “aspirinas poselectorales” con la mira puesta en los comicios de noviembre.

Es que en lugar de “poner plata en el bolsillo de la gente” el gobierno elige nutrir los bolsillos de la clase capitalista, a la que le acaba de conceder una serie de beneficios: por un lado, se flexibiliza el cepo cambiario para la rama de exportación, y, por otro, se exime de Ganancias y Bienes Personales para quienes compren instrumentos financieros nominados en pesos. Ambas medidas apuntan a atesorar dólares para utilizarlos en el pago de la deuda al FMI y tienen como telón de fondo la escasez de divisas en el Banco Central, fruto del rescate sistemático de la deuda y la fuga constante de capitales a través de los sucesivos gobiernos. A pesar del cepo, la fuga se viene agravando al punto de que en los últimos 12 meses del año se sumaron 4.258 millones de dólares a la cantidad de dinero que poseen los ciudadanos argentinos por fuera del sistema bancario.

Por una salida de los trabajadores

Como vemos, el kirchnerismo diagnostica el ajuste inocultable pero se propone profundizarlo. Los que lo enfrentan verdaderamente han salido a las calles en forma masiva esta semana para reclamar un salario mínimo de $70.000; estamos hablando de la Unidad Piquetera, que, con el método de la asamblea y la movilización independiente viene desafiando la malla de contención que supone el Triunvirato Cayetano en los barrios pobres del país. Esta disposición a la lucha del movimiento piquetero combativo se opone por el vértice a la tregua en la que está inmersa la CGT, que se reúne para organizar un nuevo congreso y hacer demagogia con el cupo femenino pero no mueve un dedo para defender a las y los trabajadores.

Venimos también de una gran elección del clasismo en el sindicato docente de Neuquén, donde el Frente Antiburocrático recuperó seccionales clave, como la capital y Plottier. Además, tuvo lugar una nueva edición de la Huelga Mundial por el Clima, donde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones movilizó en más de 20 ciudades del país contra la crisis climática y la depredación ambiental capitalista a la que abonan todos los partidos del régimen.

En la editorial del día jueves, Gabriel Solano adelantaba nuestra consigna para la etapa: “no al ajuste del gobierno y del FMI, por una salida de los trabajadores”, la cual sintetiza la necesidad de una intervención obrera en esta crisis bajo un programa propio que permita hacer frente a los ataques que el rumbo fondomonetarista propone. Por otro lado, la realización de un Congreso del FIT-U contribuirá en la tarea de darle una proyección política a las luchas en curso.

Hasta aquí, un repaso de los principales acontecimientos de la semana. Buen domingo.

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters