Lo que caracteriza al ministerio de Roque Fernández es la acentuada heterogeneidad de las fracciones capitalistas que se encuentran allí representadas. Aunque los ultraliberales del CEMA (capitales bancarios y financieros) se quedaron con el Ministerio de Economía,  áreas enteras siguen en manos de la ‘troupe’ de Cavallo, además del Ministerio de Trabajo. El agente de los exportadores del Mercosur y  enviado de Duhalde, Alieto Guadagni, capturó la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, mientras el semiproteccionista Guillermo Calvo pasó a integrar la elite de asesores. Todo indica que un equilibrio completamente inestable se ha adueñado del Palacio de Hacienda y que  son inevitables choques inmediatos.

Planes

Al momento de la caída de Cavallo, había en la burguesía varios ‘planes’  sustitutivos del quebrado ‘plan mediterráneo’.

Consejo Empresario

Agrupa a un selecto grupo de banqueros, vinculados a los fondos de pensión, seguros y salud. El año pasado, de la mano de Solanet y Ruette Aguire (Banca Roberts), le plantearon a Menem la completa e inmediata desregulación y privatización de todo el sistema de seguridad social. Este sector tiene vasos comunicantes muy sólidos con el CEMA, que es la cuna de Roque Fernández.

El Consejo Empresario sostiene que el actual déficit fiscal es manejable y que se puede financiar incurriendo en mayores deudas, a condición de que se anule el actual sistema de seguridad social y se desmantele la legislación social, porque esto iría reduciendo, con el tiempo, el déficit fiscal aun cuando se eliminaran los aportes patronales por completo. En especial, plantea meter la mano a fondo en las obras sociales y en el PAMI.

La asesora de Roque Fernández, Carola Pessino, ya planteó que “debe hacerse una reforma laboral profunda, similar al plan de convertibilidad para atacar la inflación, en el sentido de que el gobierno asuma el compromiso de rebajar cargas patronales y otros costos, como indemnizaciones, obras sociales, accidentes de trabajo, con el compromiso de mantener la rebaja hacia el futuro, atándose como lo hizo con el tipo de cambio” (El Cronista, 30/7/96).

En este planteo reaccionario, las obras sociales serían sustituidas por entidades de salud privadas, que recibirían el aporte obrero que en la actualidad va a las obras sociales. Estas empresas privadas darían una cobertura estándard y, con pagos adicionales, podrían brindar una mayor cobertura. El aporte será fijo por beneficiario, y no un porcentaje del salario como ocurre actualmente. Se reduciría el aporte patronal a un porcentaje muy bajo, para integrar un Fondo Compensador que haga frente a las necesidades de los trabajadores de salarios de subsistencia.

Para el PAMI, la propuesta es que los trabajadores activos aporten a una AFJP unos 45 pesos por mes  para hacer frente a los gastos de salud que se les presente a partir de que se jubilen. Los actuales jubilados serán atendidos, entonces, por planes de salud privados, que se financiarían con impuestos generales.

Para reducir aún más el aporte patronal jubilatorio, el Consejo propone modificar la actual ley de jubilaciones en los siguientes puntos:

• eliminar la prestación básica a la que tienen derecho todos los futuros jubilados –de unos 190 pesos mensuales–, estén en una AFJP o en el Estado;
• subir a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres
• restringir la pensión por viudez solamente a las mujeres con más de 50 años
• bajar la pensión de invalidez, actualmente del 70% del sueldo de los últimos 5 años, al 49%, como en el caso de la viudez.

En asignaciones familiares plantea eliminar gran parte de los salarios familiares (esto ya se hizo).

Convenios colectivos

Con todo, el plato fuerte es la eliminación de la indemnización y su reemplazo por un fondo de ahorro del propio trabajador, administrado por las AFJP.

Un elemento central en este ataque es la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, algo que Caro Figueroa tiene en carpeta, a la espera del momento oportuno para lanzarlo.

Con este esquema, el Consejo Empresario plantea que se podrían bajar los aportes patronales y reducir el déficit fiscal futuro, ya que toda la seguridad social pasaría a ser financiada por los trabajadores.

De implementarse este plan ultrarreaccionario y antiobrero, según sus propios integrantes, se podrían renegociar las ‘metas fiscales’ con el FMI y los acreedores internacionales, quienes volverían a prestarle al Estado argentino porque se les aseguraría la devolución de los préstamos.

Este plan no es contradictorio con la devaluación que plantea Alsogaray. Porque como dijera Ricardo López Murphy, “si ello no alcanzara, en todo caso, disminuye el trauma de la corrección necesaria e inevitable” (Ambito, 12/6/96).

Este plan de guerra contra los trabajadores también afectaría a la burocracia sindical, que quedaría desplazada por completo del negocio de las obras sociales. La viabilidad de este plan requiere de un ataque a fondo, para el cual el menemismo no ha reunido las condiciones políticas necesarias, y más bien ha perdido muchas de ellas con la caída de Cavallo.

El dúo Calvo-Guadagni

Guillermo Calvo tiene otro diagnóstico: “bajar el déficit fiscal con el menor costo social posible”. Plantea aumentar los aranceles a la importación, lo que permitiría aumentar la recaudación de impuestos y estimular el mercado interior por la vía de menores importaciones. En una línea parecida está el privatista-duhaldista Alieto Guadagni. Se trata de un planteo de corto vuelo, que la gran burguesía considera poco eficaz y muy lento, que implica una tregua con el movimiento obrero y que choca con los grandes sectores importadores-exportadores, que han establecido armadurías o ensamblajes de conjuntos importados para reexportarlos con reembolsos.

Devaluación

Alsogaray insiste en que hay que “examinar a fondo la interrelación existente entre la recesión y la desocupación y la ley de convertibilidad”. Para Alsogaray, la convertibilidad está agotada, su mantenimiento profundiza la recesión y la desocupación, y lleva a la quiebra de sectores enteros de la burguesía.

Básicamente, propone un plan general de refinanciación de las deudas en dólares y que la devaluación actúe como una desvalorización general de los salarios y de los capitales, lo que serviría para fomentar más las exportaciones y para reiniciar un ciclo de entrada de capitales.

La línea de Alsogaray se encuentra respaldada por una persistente salida de capitales privados, que aún no se nota en las reservas del Banco Central debido al todavía mayor endeudamiento del Estado.

El choque entre estas posturas capitalistas es inevitable, y el actual equilibrio deberá alterarse para uno u otro lado. El ministerio Roque Fernández tiene todos los hilos de la provisoriedad de la propia situación política.