21/03/2021

Un gobierno dividido y paralizado frente a la pandemia y una enorme crisis social

Panorama político de la semana.

La cadena nacional del jueves a la noche fue una clara imagen de la impotencia que caracteriza al gobierno de Alberto Fernández en todos los planos. El mensaje del presidente reconoció que está llegando la segunda ola de la pandemia al país. A pesar de esto, no anunció medida de gobierno alguna para aliviar el problema. Adjudicó el problema en parte a la dificultad de conseguir vacunas a pesar de los amplios beneficios dados a laboratorios privados, como el del empresario amigo del gobierno, Hugo Sigman, cuya producción local de la vacuna de AstraZeneca/Oxford es destinada a otros países. Sus quejas sobre el problema no preanunciaron cambio alguno. No tomó ni siquiera la elemental medida de cerrar la frontera con Brasil pedida por una declaración de personalidades, donde se desarrolla un nuevo epicentro de la pandemia y una nueva cepa del virus.

Un plan para preservar la salud de la población frente a esta segunda ola, como lo viene reclamando el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, debería afectar el beneficio de grupos capitalistas, empezando por los laboratorios y la salud privada. Son estos intereses los que el gobierno defiende como propios, a costa del rápido deterioro de las condiciones de vida de la población.

El gobierno se felicita por haber frenado el curso de devaluación del peso por unos meses, pero la inflación sigue a todo vapor, como lo muestra el 6,1% de aumento de los precios mayoristas en febrero. La «pax cambiaria», de todas maneras, es a costas de un negociado financiero digno de figurar en las memorias de Macri que dieron lugar a tantos comentarios en estas horas. Los Leliqs ya han tomado la dimensión de 3 billones de pesos, con pagos este año a los bancos por 200 mil millones. Como denuncia la editorial de esta semana, a cargo de Gabriel Solano, solo la burocracia sindical respetó el «acuerdo de precios y salarios» anunciado por el gobierno, acordando paritarias por debajo de la inflación. Los empresarios no se dieron por aludidos. El anuncio oficial de un sistema de informes de las empresas de sus precios no afecta esta tendencia en lo más mínimo. Como denunció el Partido Obrero en la audiencia pública convocada esta semana por la Secretaría de Energía, la dolarización del combustible que sostiene el gobierno agrava esta presión contra la economía de los trabajadores, para beneficio de las petroleras. A los trabajadores que sí salen a reclamar por sus salarios, como los del frigorífico bonaerense ArreBeef, el gobierno les responde con represión policial.

Esta inflación, sumada a la profunda recesión y los altos niveles de desempleo, motorizan un empobrecimiento masivo de los trabajadores. Este golpe cotidiano de las condiciones de vida tuvo dos respuestas de lucha esta semana, aunque los medios masivos de comunicación se hayan ocupado en buena medida de ocultarlos o distorsionarlos.

Por un lado, la confluencia en Plaza de Mayo, y en decenas de ciudades en todo el país, de 100 mil trabajadores desocupados convocados por el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y numerosas organizaciones, en el reclamo de un salario mínimo igual a la canasta familiar y todo un pliego de reivindicaciones de emergencia. La masividad muestra como la organización piquetera crece como canal de lucha frente a la pobreza, y las dificultades del operativo de cooptación que funciona desde el ministerio, que es abandonado regularmente por grupos que rompen con el gobierno y se pasan al campo de la movilización. Es significativo de la potencia de esta unidad piquetera que haya tomado en forma unitaria la iniciativa del plenario de la UJS y la Juventud del Polo de exigirle al Ministerio de Educación becas, computadoras y acceso a wifi para evitar la deserción escolar de los pibes de los barrios.

La otra gran reacción popular fue el reguero de movilizaciones frente a la desaparición de la niña M., que vive con su madre en la calle en Villa Cildáñez, en el suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Los piquetes permanentes impusieron la difusión de su imagen en los medios y la organización de una búsqueda por el Estado, luego de rechazar la denuncia en la comisaría, culpar a la madre y demorar días en tomar el caso. La recuperación de M, identificada por vecinos que la reconocieron, fue un logro de esta movilización. La profundidad del reclamo es una reacción a la multitud de dramas frente a los que no hay respuesta alguna del Estado, y la angustia frente al crecimiento de niños bajo el nivel de la pobreza (seis de cada diez niños argentinos) e incluso bajo la condición extrema de estar en situación de calle.

El conocimiento de toda una realidad de hostilidad de parte del Estado a la niña y su familia, no privó a los funcionarios del Estado de protagonizar una reyerta sobre los méritos de haberla encontrado, que no corresponden a ninguno de ellos. Este nuevo choque del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con sus pares de Nación es una expresión más de los choques de camarilla que se reproducen en el Frente de Todos. Cada hecho político da lugar a nuevos choques entre los leales a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que son las cabezas de serie de una guerra interna que se reproduce en el oficialismo en cada provincia y municipio.

Así tuvimos esta semana la asunción del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, sumado para congelar los procesos contra la vicepresidenta a expensas de la desplazada albertista Marcela Losardo. La lista interna que comparten Máximo Kirchner y los intendentes del conurbano es un compromiso entre quienes mantienen una lucha abierta por el control del PJ bonaerense.

El repudio popular a la comitiva del presidente en la Comarca Andina afectada por incendios la semana pasada fue también un escenario para esta feroz interna. Aunque el rechazo popular fue motivado por el abandono de los gobiernos frente a los incendios recurrentes, junto al rechazo del plan oficial de promover la megaminería contaminante, el propio ministro del Interior Wado De Pedro responsabilizó por la bronca popular al gobernador Mariano Arcioni de Chubut, cercano a Massa. En la provincia sigue la crisis política y la movilización popular. Ha habido detenciones de vecinos luchadores por las protestas del fin de semana, mientras han tenido que suspender el tratamiento de la cuestión de la minería en la legislatura y se rompe el bloque oficialista allí.

La oposición derechista pretende recuperar protagonismo coqueteando con las manifestaciones de rechazo al gobierno, como lo hemos presenciado en Formosa y luego en Chubut. No tienen, sin embargo, nada progresivo que ofrecer, como lo hemos visto en sus años de gobierno.

Las distintas fracciones peronistas comparten junto a esta oposición la prioridad en el pago de la deuda externa y un nuevo acuerdo con el FMI que es incompatible con el conjunto de las aspiraciones populares.

El llamado a no movilizar el 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, responde a la necesidad del oficialismo de desmovilizar cualquier proceso popular que pueda expresar estas necesidades y reclamos. Descartamos una genuina preocupación sanitaria de parte de quienes han financiado en la última semana una masiva concurrencia a una misa en honor al Papa Francisco, por dar un ejemplo reciente.

Con distanciamiento y todas las medidas de cuidado necesarias, llamamos este 24 a copar la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país, como lo ha expresado el comunicado del Frente de Izquierda, «Contra la impunidad, el ajuste, el FMI y la represión de ayer y de hoy. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares». En esta orientación podemos reagrupar una alternativa que dé salida a la crisis nacional.

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters

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